España prohíbe bebidas energéticas a menores de 16 años por riesgos a la salud

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se encuentra trabajando en una nueva normativa destinada a proteger a los más jóvenes del impacto negativo de ciertos productos alimenticios y bebidas. La estrategia, enfocada en la salud pública, busca reducir los riesgos para la población infantil y adolescente.

Restricción a Bebidas Energéticas

Una de las medidas más importantes se centra en la venta de bebidas energéticas. El objetivo es prohibir su comercialización a menores de 16 años, ampliando la restricción hasta los 18 años para aquellos productos que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Esta decisión se fundamenta en la evidencia científica que muestra el impacto negativo del elevado consumo de cafeína en el desarrollo físico y mental de los niños y adolescentes.

El ministro Pablo Bustinduy presentó esta iniciativa en Barcelona durante una reunión con la Gasol Foundation, entidad dedicada a la prevención de la obesidad infantil. Según el último barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), nueve de cada diez personas en España apoyan esta prohibición, demostrando un amplio consenso social sobre la necesidad de proteger a los menores del consumo excesivo de bebidas energéticas.

Preocupación por el Consumo y sus Riesgos

El respaldo social coincide con la percepción del riesgo asociado al consumo de estas bebidas. Un 25% de la población reconoce consumir bebidas energéticas, y entre quienes lo hacen, casi la mitad toma al menos una al día. Además, un preocupante 47% las mezcla con alcohol, lo que aumenta significativamente los riesgos para la salud. El Comité Científico de la AESAN ya advirtió en 2021 sobre los potenciales efectos negativos del consumo elevado de cafeína, incluyendo alteraciones del sueño, efectos psicológicos y trastornos cardiovasculares, riesgos especialmente relevantes en menores.

La nueva regulación busca reducir la exposición temprana a productos con alta carga de estimulantes y azúcares. Esta medida se suma a la prohibición existente de vender estas bebidas en centros escolares, buscando crear un entorno más saludable para los niños y adolescentes.

Protección Infantil a Través del Consumo Responsable

En paralelo, el Ministerio también planea regular la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños, niñas y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la exposición a este tipo de anuncios aumenta la ingesta calórica y favorece el consumo de productos con bajo valor nutricional, contribuyendo al desarrollo de la obesidad infantil y enfermedades crónicas en la edad adulta.

Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la protección de la salud infantil, actuar sobre los factores que condicionan los hábitos de consumo y reducir la carga futura de enfermedad asociada a una alimentación poco saludable y al consumo precoz de estimulantes. En este sentido, Bustinduy ha enfatizado la necesidad de enfrentar la presión publicitaria de estos alimentos, a menudo ultraprocesados y con un alto contenido en grasas, azúcares o sal, siendo muy calóricos y poco nutritivos.

Medidas Comparables en Otros Países

El ministro también ha subrayado que otros países de nuestro entorno, como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia, ya han adoptado medidas similares. Esta evidencia internacional refuerza la necesidad de actuar en España para proteger a los más jóvenes del impacto negativo de los productos alimenticios y bebidas poco saludables.

«En España, un 80% de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables», alertó Bustinduy, citando un informe de la Gasol Foundation sobre los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes de la población infantil y adolescente en España. Estas cifras ponen en evidencia la urgencia de implementar medidas efectivas para promover una alimentación saludable desde temprana edad.

«Las empresas del sector tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país», aseguró el ministro, defendiendo la acción normativa en este ámbito como una «cuestión de salud pública» y para «garantizar los derechos de la infancia». Además, Bustinduy concluyó que estas medidas son necesarias, incluso si eso implica «poner coto a los poderosos», demostrando la firmeza del Ministerio en su compromiso con la protección de la salud infantil.