Gobierno de Trump demanda a mujer: pide casi un millón de dólares por no ser deportada

El gobierno del expresidente Donald Trump ha demandado a Marta Alicia Ramírez Veliz por incumplimiento de una orden de deportación, solicitando una multa récord de casi un millón de dólares más intereses. Esta medida representa una de las sanciones legales más altas impuestas a un inmigrante que permanece en Estados Unidos tras perder su caso ante la corte.

Demanda por Deportation

De acuerdo con la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Richmond, Virginia, la multa se deriva del incumplimiento de Ramírez Veliz al no abandonar el país después de la emisión de la orden de deportación definitiva por parte de un juez de inmigración el 1 de julio de 2019. A pesar de presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), la misma fue rechazada el 23 de septiembre de 2022, confirmando su obligación de abandonar territorio estadounidense.

En abril pasado, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) notificó a Ramírez Veliz sobre la intención de imponerle la sanción, concediéndole un plazo de 30 días para presentar una defensa. Sin embargo, según los documentos judiciales, la mujer no respondió a la notificación, lo que llevó al gobierno a solicitar al tribunal que se haga efectiva la multa.

Fundamentos Legales y Consecuencias

La base legal de esta sanción radica en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la cual establece que un extranjero sujeto a una orden final de deportación que se niegue a salir del país debe pagar 998 dólares por cada día de incumplimiento. Expertos legales consideran que la cifra reclamada a Ramírez Veliz es histórica, ya que Charles Moore, abogado de Public Justice, señaló a Politico que "no se había escuchado de multas cercanas al millón de dólares" desde que Trump permitió al ICE imponer sanciones que en ocasiones alcanzaron hasta medio millón de dólares.

Este caso pone en relieve la gravedad con la que el gobierno estadounidense trata los incumplimientos de las órdenes de deportación, así como las consecuencias financieras significativas que pueden derivarse para aquellos que deciden permanecer en el país sin autorización. La mujer tiene la opción de apelar el caso y buscar recursos legales para intentar reducir o evitar la aplicación de la multa récord.