Rusia busca prohibir organizaciones LGBTI y las acusa de “extremismo”

Las autoridades de Rusia han intensificado su ofensiva legal contra las organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGBTI, al recurrir nuevamente a la legislación contra el llamado “extremismo” para intentar prohibir su operación. La medida más reciente fue presentada por el Ministerio de Justicia de Rusia, que solicitó formalmente la disolución de dos organizaciones clave del movimiento LGBTI en el país.

Las agrupaciones señaladas son Red LGBT Rusia y Vykhod, ambas con sede en San Petersburgo y con una larga trayectoria en el acompañamiento legal, psicológico y social de personas LGBTI. De prosperar la demanda, cualquier actividad relacionada con estas organizaciones podría ser considerada ilegal y castigada penalmente.

Una ofensiva legal programada para febrero

El Tribunal Municipal de San Petersburgo tiene previsto analizar ambas causas el 24 de febrero de 2026, según documentos judiciales citados por organizaciones de derechos humanos. Las audiencias se llevarán a cabo a puerta cerrada, bajo el argumento de que los expedientes contienen “material clasificado”, una práctica que ha generado fuertes críticas por la falta de transparencia y de garantías de debido proceso.

Especialistas en derecho internacional advierten que esta opacidad dificulta la defensa legal de las organizaciones y refuerza el uso político de las leyes contra el extremismo, originalmente diseñadas para combatir el terrorismo, pero ahora empleadas contra activistas y minorías.

¿Por qué Rusia usa las leyes de “extremismo” contra organizaciones civiles?

Las leyes contra el extremismo en Rusia fueron diseñadas originalmente para combatir el terrorismo y la violencia política. Sin embargo, en la última década, estas normas han sido reinterpretadas y ampliadas por las autoridades para aplicarse contra organizaciones de la sociedad civil, medios independientes, opositores políticos y defensores de derechos humanos, incluidos colectivos LGBTI.

Expertos en derecho internacional señalan que el concepto de “extremismo” en la legislación rusa es deliberadamente ambiguo, lo que permite a las autoridades clasificar como amenaza a la seguridad nacional actividades que, en otros países, están protegidas por la libertad de expresión y asociación. Esto incluye desde la organización de eventos públicos hasta la difusión de información sobre derechos humanos.

En el caso de las organizaciones LGBTI, analistas coinciden en que el uso de estas leyes responde también a una estrategia política y cultural, que busca reforzar una narrativa oficial basada en valores “tradicionales” y presentar la diversidad sexual y de género como una influencia externa o una amenaza ideológica.

Organismos internacionales de derechos humanos han advertido que esta práctica viola estándares internacionales, ya que equipara la defensa pacífica de derechos con conductas criminales, debilitando el Estado de derecho y fomentando la estigmatización social.

La reciente ofensiva legal contra organizaciones LGBTI en San Petersburgo se inscribe en este patrón: el uso de la ley no como instrumento de justicia, sino como mecanismo de control político y social, con efectos directos en la libertad, la seguridad y la vida cotidiana de miles de personas en Rusia.

El antecedente clave: noviembre de 2023

Este nuevo intento de prohibición se da en un contexto legal particularmente hostil para la diversidad sexual en Rusia. El 30 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo de Rusia declaró “extremista” a un supuesto “movimiento público internacional LGBT”, una entidad que, según expertos y ONG, no existe como organización formal.

Esa resolución abrió la puerta a una ola de arrestos, multas y detenciones por mostrar la bandera arcoíris o difundir mensajes en favor de los derechos LGBTI. Desde entonces, cualquier expresión pública de apoyo puede ser interpretada como propaganda extremista.

Denuncias de organizaciones internacionales

Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, advirtió que estas acciones forman parte de una estrategia sistemática del Kremlin para silenciar a la sociedad civil independiente.

“Las autoridades rusas están abusando deliberadamente de la legislación contra el extremismo para estigmatizar identidades, eliminar organizaciones y sembrar miedo”, señaló Struthers en un comunicado fechado el 3 de febrero de 2026.

El caso Irida y la expansión de la represión

La persecución no se limita a San Petersburgo. En noviembre de 2025, el Ministerio de Justicia inició procedimientos para declarar “extremista” a la iniciativa queer Irida, en la región de Samara. Su líder, Artyom Fin, fue objeto de procesos administrativos y vigilancia estatal desde 2024, bajo las leyes de “agentes extranjeros” y “extremismo”.

Estos casos evidencian un patrón: el uso de herramientas legales para criminalizar la defensa de derechos humanos, restringir la libertad de asociación y eliminar cualquier forma de disidencia relacionada con la diversidad sexual y de género.

Impacto en derechos humanos y reacción internacional

Expertos coinciden en que estas medidas vulneran derechos fundamentales reconocidos por tratados internacionales firmados por Rusia, como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Diversas organizaciones han pedido a la comunidad internacional que condene estas acciones y exija el cese inmediato de la persecución.

A medida que se acerca la audiencia del 24 de febrero de 2026, crece la preocupación por el futuro de las personas LGBTI en Rusia y por el precedente que estas decisiones pueden sentar en materia de derechos humanos a nivel global.