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Detención del alcalde de Tequila destapa red de extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado

La captura del presidente municipal de Tequila, Jalisco, tras denuncias ciudadanas por extorsión y secuestro, sacude a la clase política y refuerza el mensaje del Gobierno federal contra la impunidad.

En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales denominado Operación Enjambre, fue detenido este jueves el presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, acusado de encabezar una red de corrupción, extorsión y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informaron autoridades mexicanas.

El arresto, efectuado de madrugada y confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se dio no solo contra Rivera Navarro, sino también contra tres altos funcionarios de su administración, entre ellos directores de Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas.

Las autoridades federales aseguran que los señalamientos contra el alcalde y su equipo van más allá del presunto desvío de recursos e implican cobros ilegales a empresarios de la industria tequilera y cervecera del municipio, así como posibles vínculos operativos con células del CJNG.

Acusaciones formales: extorsión, secuestro y crimen organizado

Según los autos de aprehensión y la denuncia ciudadana que dio origen a las investigaciones, Rivera Navarro habría encabezado una red que exigía pagos ilícitos a empresas del sector del agave, entre ellas a productores de tequila de gran escala. Las sumas exigidas habrían ascendido a decenas de millones de pesos bajo amenazas de clausura y otros impactos administrativos punitivos.

Diversos testimonios, incluidos los presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), señalan que la estructura criminal también se dedicó a prácticas como extorsión, “cobro de piso” y secuestro exprés con fines de presión política. Incluso, un aspirante a la alcaldía de Tequila denunció que fue privado de su libertad en 2021 para forzarlo a renunciar a su candidatura.

La investigación también incluyó imágenes y eventos públicos que generaron alarma social, como un concierto donde aparecieron representaciones del líder del CJNG, conocido como “El Mencho”, lo que avivó las sospechas de cercanía del edil con organizaciones criminales.

Respaldo del Gobierno federal y postura de Sheinbaum

Tras la detención, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la operación y destacó que la investigación se construyó a partir de denuncias ciudadanas presentadas ante la FGR y otras instancias federales. Sheinbaum enfatizó que ninguna fuerza política, incluido el partido en el que militaba Rivera —Morena— puede ser usada como “paraguas para delinquir”.

La mandataria aseguró que la acción del Gobierno federal busca combatir la corrupción y enviar un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada, sin importar la filiación partidista del servidor público implicado.

Operación Enjambre: alcance y contexto

La detención forma parte de la Operación Enjambre, una estrategia de seguridad que ha llevado a arrestos de servidores públicos y políticos presuntamente relacionados con actos delictivos en varios estados mexicanos.

En Tequila, el operativo incluyó la participación de la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y policías estatales y municipales, la mayoría bajo mando estatal tras la captura del alcalde.

Autoridades jaliscienses sostienen que el desmantelamiento de este presunto esquema criminal es fundamental no solamente para garantizar la seguridad de los habitantes, sino también para salvaguardar la reputación de una región cuya economía depende en gran medida del turismo y de la industria tequilera.

Impacto en la gobernabilidad local

Tras la detención de Rivera Navarro, el gobierno estatal ha asumido el control operativo de la seguridad en Tequila, mientras se mantienen las operaciones del Ayuntamiento con normalidad jurídica. El cabildo municipal se prepara para nombrar a un alcalde interino en las próximas horas conforme a la ley.

Analistas políticos y expertos en seguridad consideran que este caso podría representar un parteaguas en la lucha contra la corrupción dentro de los gobiernos municipales, al demostrar que incluso alcaldes en funciones pueden ser investigados y detenidos por vínculos con crimen organizado.

Denuncias históricas y tensiones económicas

La administración de Rivera Navarro había enfrentado múltiples denuncias incluso antes de su arresto, incluidas acusaciones de violencia política de género, amenazas y uso indebido de funciones, además de irregularidades en el manejo de patrimonio cultural local.

Empresarios del sector tequilero señalaron un incremento desproporcionado en cobros administrativos, así como prácticas extorsivas que afectaron la operatividad de negocios clave como José Cuervo, lo que generó tensiones económicas y políticas en uno de los destinos turísticos y productivos más emblemáticos de Jalisco.

Reflexión: seguridad y confianza institucional

La caída de Rivera Navarro pone a prueba la cohesión institucional y la respuesta del Estado mexicano frente a acusaciones de corrupción de alto perfil. Para muchos residentes y líderes empresariales en Jalisco, este caso representa tanto una oportunidad para reconstruir la confianza en las autoridades como un recordatorio de los retos que persisten en la gobernanza local en regiones con presencia histórica de grupos criminales.

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