Nuevo Protocolo busca detener la crisis de desapariciones en México

La grave crisis por desaparición de personas que atraviesa México, un problema que ha desafiado a los gobiernos durante las últimas décadas, exige una respuesta contundente y una participación activa de toda la sociedad para poner fin a este flagelo que causa dolor a cientos de miles de familias en todo el país. En este contexto, la publicación del “Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, en el Diario Oficial de la Federación el pasado miércoles 18 de febrero, representa un avance significativo en la lucha contra esta problemática.

Un Protocolo Coordinado

Este protocolo, elaborado por la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Martha Lidia Pérez Gumecindo, define una herramienta nacional que busca activar un conjunto coordinado de acciones entre las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, el sector privado y social. El objetivo es la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.

Elementos Clave del Protocolo

El documento establece con precisión los elementos necesarios para activar la Alerta Nacional y define las competencias de cada dependencia o agencia encargada de las desapariciones. Se enfatiza la coordinación entre las fiscalías de búsqueda, tanto a nivel nacional como en cada entidad federativa, así como con las comisiones de búsqueda.

El sector público se obliga a establecer parámetros claros para la articulación entre todas las entidades federativas y las autoridades que participan en la activación y operación de la Alerta Nacional. Esta coordinación es esencial para asegurar una búsqueda efectiva y coordinada de las personas desaparecidas.

Obligaciones del Estado

El protocolo también establece obligaciones específicas para el sector privado, incluyendo a empresas de telecomunicaciones, televisoras, radiodifusoras, hoteles, restaurantes, tiendas de conveniencia y otros establecimientos. Se les exige difundir las fichas de búsqueda en sus medios físicos y digitales, así como en espacios de servicio que tengan a su disposición.

Esta medida busca ampliar la cobertura de la búsqueda y aumentar las posibilidades de localizar a las personas desaparecidas. Sin embargo, el protocolo no especifica cómo se podrían cumplir estos propósitos, lo que deja espacio para dudas sobre la viabilidad de su implementación.

Participación Ciudadana

A pesar de los avances representados por este protocolo, es importante destacar que las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos no fueron consultadas durante su elaboración. Se espera que en la publicación del manual técnico de la Alerta Nacional, prevista para la siguiente semana, se tomen en cuenta las opiniones y experiencias de estas familias, quienes tienen una comprensión profunda de la problemática.

La implementación efectiva del protocolo dependerá de la voluntad política del gobierno y la participación activa de la sociedad civil. Es necesario que todas las instancias involucradas trabajen de manera coordinada para garantizar que la búsqueda de personas desaparecidas sea más eficiente y exitosa.