Bloqueo de cuentas: ¿Un nuevo terror para ciudadanos honestos en México?
La Suprema Corte avaló una ley que permite bloquear cuentas por "indicios" sin juicio formal, afectando a emprendedores y comerciantes legítimos al privarlos de sus recursos.
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoció la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, ha generado un debate acalorado en torno a las implicaciones para el tejido económico y social del país. Este artículo otorga a la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) la facultad de incluir a cualquier persona en la Lista de Personas Bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con delitos como el financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
Si bien es innegable la necesidad de combatir al crimen organizado y prevenir actividades financieras ilícitas, el criterio establecido por la SCJN plantea serias preocupaciones para las personas que realizan actividades económicas legítimas. La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas puede afectar a emprendedores, empresarios pequeños, comerciantes y tianguistas, quienes debido a la naturaleza de sus negocios pueden utilizar con frecuencia el manejo de dinero en efectivo.
Implicaciones del bloqueo bancario
El bloqueo de cuentas bancarias puede tener consecuencias devastadoras para las personas afectadas. Al quedar imposibilitados de acceder a sus recursos financieros, pueden enfrentar dificultades para pagar sus deudas, arriesgar la quiebra de sus negocios lícitos y sufrir un daño grave a su reputación. Además, se les dificulta costear los honorarios profesionales legales para su defensa, lo que representa un episodio de terror para quienes son acusados sin una investigación formal.
La UIF actúa sobre simples indicios y no hay una investigación o acusación formal previa al bloqueo de cuentas. El afectado debe acudir a la UIF para demostrar que sus recursos bancarios son lícitos, pero el bloqueo permanece durante este proceso. Se convierte en un escenario donde, sin haber sido declarado culpable de ningún delito, se les exige probar su inocencia para desbloquear su cuenta bancaria.
Escenarios preocupantes
La dinámica de las actividades económicas modernas hace que las operaciones bancarias sean esenciales para facilitar el trabajo y la realización de transacciones comerciales. El bloqueo de cuentas puede llevar a quiebras de negocios, impedir el cumplimiento de obligaciones, cancelar operaciones y destruir reputaciones. Las consecuencias del bloqueo pueden ser tan severas o más que muchas sanciones formales derivadas de una resolución judicial.
El gobierno tiene la responsabilidad de combatir los grupos delincuenciales y al crimen organizado, pero este combate debe llevarse a cabo con estricto apego a la ley, cumpliendo con el principio del debido proceso, respetando la seguridad jurídica, la libertad de comercio y de negocios, y brindando la tutela judicial efectiva a los gobernados. Es crucial evitar que se abuse de estas medidas para perseguir a opositores políticos o silenciar voces críticas.
El gobierno y el bloqueo
Es necesario estar alerta ante el uso político que se le pueda dar a esta medida. El gobierno, apoyado por un poder judicial cooptado, podría utilizar este mecanismo para acosar a sus opositores, a líderes de opinión, a columnistas y a cualquier ciudadano exigente y crítico.
Con decisiones de este tipo, el ciudadano queda ante la incertidumbre y el temor de que el bloqueo de cuentas bancarias sea el antecedente de la confiscación de bienes, instrumento utilizado por regímenes autoritarios. Es fundamental que se promueva un debate abierto y transparente sobre las implicaciones del fallo de la SCJN y se busquen soluciones que garanticen la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin afectar el combate a la delincuencia financiera.
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