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Redacción TVOAI News |

10 Funcionarios Sinaloenses: Un mes de escándalo y aislamiento político

A un mes de la acusación estadounidense contra funcionarios sinaloenses por vínculos con la delincuencia, algunos han pedido licencia o se entregaron a la justicia, mientras otros enfrentan el aislamiento del oficialismo.

Un mes ha transcurrido desde que la justicia estadounidense presentó cargos contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. A pesar de las afirmaciones del oficialismo, que insiste en que no hay pruebas que los relacionen con el grupo Los Chapitos, tal como sostienen los fiscales en Nueva York, actualmente en México nadie se muestra públicamente junto a estos personajes.

El Aislamiento de los Cuestionados

De los diez individuos acusados, seis han solicitado licencia de sus cargos o se han entregado a las autoridades estadounidenses. Los otros cuatro podrían no tener una reputación lo suficientemente conocida como para merecer seguimiento mediático.

Entre aquellos que han solicitado licencia se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, el senador Enrique Inzunza y el vicefiscal Dámaso Castro. Por otro lado, los exsecretarios estatales de Seguridad y Finanzas, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente, cruzaron la frontera para entregarse a la justicia estadounidense.

La Decisiones Incertainas del Senador Inzunza

El senador Inzunza, quien hasta hace un mes era considerado el aspirante más viable al gobierno de Sinaloa en 2027, ha estado ausente de sus responsabilidades legislativas desde el 29 de abril, cuando Estados Unidos dio a conocer que los diez sinaloenses eran buscados para comparecer ante la Corte de Distrito del Sur de Nueva York. A pesar de desafiar durante 30 días la idea de separarse de su cargo, argumentando que no había cometido delito alguno, finalmente anunció que solicitaría licencia por 22 horas y que su suplente, Omar López Campos, asumiría la representación mientras dure el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Inzunza ha emitido un mensaje en la red social X anunciando su presencia en la Ciudad de México y su asistencia a la sede senatorial "en atención a la cita que nos fue formulada para la sesión extraordinaria".

Adicionalmente, afirmó que "ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, Omar López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana (jueves y viernes), para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna".

Sin embargo, permanece incierto si esta decisión fue suya propia o si recibió una solicitud al respecto. Ningún senador del oficialismo lo respaldó públicamente para que asistiera a las sesiones de pleno y comisiones. Cuando se le ha preguntado al respecto, el líder de los senadores morenistas Ignacio Mier ha respondido de manera evasiva, afirmando que Inzunza "tiene derecho a su privacidad".

Un Apoyo Discreto

El único que se ha acercado públicamente a Inzunza ha sido el senador Javier Corral, quien fue fotografiado junto a él en un restaurante privado en Culiacán. Aunque inicialmente intentó mantener la reunión en el anonimato, la fotografía se difundió y Corral finalmente reconoció haber estado con Inzunza.

Esta situación refleja un patrón de apoyo ambiguo hacia los funcionarios señalados. Si bien se defiende públicamente su inocencia, nadie quiere ser visto en público con ellos, como si acercarse a ellos implicara un riesgo.

Algunos especulan que este comportamiento no solo se debe al escándalo mediático, sino también al temor de que estos individuos puedan revelar información comprometedora durante su juicio en Estados Unidos. El riesgo para la reputación y el futuro político podría ser demasiado alto, llevando a una situación donde el apoyo se limita a la distancia, evitando cualquier tipo de asociación directa con los acusados.

En definitiva, el caso de los funcionarios sinaloenses acusados refleja una compleja dinámica política y social, marcada por el temor al contagio, la incertidumbre sobre su culpabilidad y la necesidad de proteger la imagen pública. La falta de un apoyo claro y directo sugiere que el asunto sigue siendo delicado y que las consecuencias podrían ser aún más amplias en el futuro.

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