Vinculan a proceso a Javier Duarte por desvío de recursos para casas hogar en Veracruz

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por un juez federal por su presunta participación en el desvío de recursos públicos destinados a casas hogar y programas de asistencia social durante su administración estatal (2010-2016).

La resolución fue dictada por el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, tras una audiencia de más de 10 horas celebrada el 17 de enero de 2026. La noticia se hizo pública el 18 de febrero de 2026, cuando autoridades judiciales confirmaron formalmente la continuación del proceso penal y la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La causa penal (667/2025) investiga el presunto delito de peculado, relacionado con la utilización irregular de recursos del Fondo para la Infraestructura para el Fortalecimiento e Inclusión Social (FIFIS/Foros), destinados a la atención de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en situación vulnerable en Veracruz.

El monto investigado

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (México), el caso gira en torno a un presunto desvío de 5 millones de pesos.

La Fiscalía sostiene que de aproximadamente 10 millones transferidos al fondo social:

• solo la mitad habría llegado a las casas hogar,
• el resto habría sido desviado mediante operaciones administrativas irregulares.

El fiscal del caso, Julio Antonio Cobos, explicó ante el juez que la investigación se basa en documentos oficiales y testimonios de exfuncionarios.

Las pruebas contra el exgobernador

Durante la audiencia se presentaron varios elementos de prueba, entre ellos:

• un decreto firmado por Duarte durante su gobierno,
• registros financieros del fondo social,
• la declaración del extesorero estatal Antonio Tarek Abdalá Saad.

El juez reconoció que no existe evidencia de una orden directa del exmandatario, pero consideró suficientes los indicios para presumir su participación como coautor del delito.

“Si bien nunca vamos a encontrar una instrucción directa por parte del imputado a un subalterno, no se puede descalificar la acusación”, señaló el juzgador al emitir su resolución.

La defensa de Duarte

El exgobernador negó responsabilidad directa en los hechos y cuestionó la acusación:

“Yo tuve bajo mi cargo a 350 mil trabajadores. Se me hace sorprendente que pretendan vincularme a proceso en hechos donde todavía no entiendo cuál dicen que fue mi participación”.

Su equipo legal, encabezado por los abogados Gerardo Hope Arteaga y Pablo Campuzano, argumentó falta de claridad en la imputación y anunció que analiza presentar una apelación o un amparo indirecto.

Antes de abandonar la sala, Duarte declaró:

“Solamente decirle que no me encuentro sorprendido. Ganó nuevamente la política sobre la justicia”.

Prisión preventiva e investigación complementaria

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Duarte permanecerá encarcelado mientras continúa el proceso judicial.

Además, otorgó un plazo de seis meses de investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá ampliar pruebas, realizar peritajes financieros y eventualmente imputar a otros involucrados.

El fiscal Cobos adelantó que al menos tres presuntos coautores podrían ser llevados próximamente ante un juez.

Contexto del caso

Este expediente constituye una nueva arista legal dentro de los múltiples procesos judiciales relacionados con la administración de Duarte en Veracruz. Su gobierno ha sido uno de los más investigados por presuntos actos de corrupción en la historia reciente del país.

El caso ha generado fuerte atención pública porque los recursos presuntamente desviados estaban destinados a sectores vulnerables: menores de edad en albergues y adultos mayores bajo asistencia social.

Especialistas señalan que la investigación pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de transparencia en el manejo de fondos sociales y de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en gobiernos estatales.

Por ahora, la vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, sino el inicio formal del juicio penal. La culpabilidad o inocencia del exmandatario será determinada al concluir el proceso judicial.