México activa nueva Alerta Nacional para buscar desaparecidos: así funcionará el protocolo
El nuevo protocolo federal obliga a activar búsquedas inmediatas y registrar casos en el RNPDNO. Autoridades y colectivos participarán en la localización.
El Gobierno de México publicó este 17 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, un mecanismo que busca coordinar de manera obligatoria a autoridades federales, estatales y municipales ante cualquier reporte de desaparición.
El documento fue emitido por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y establece que, desde el primer momento en que una persona sea reportada como desaparecida, el Estado debe activar acciones inmediatas de búsqueda sin esperar plazos previos.
El protocolo se basa en un principio central reconocido por la legislación mexicana y por estándares internacionales de derechos humanos: el derecho a ser buscado y a ser encontrado.
Según el texto oficial, la medida busca “garantizar la búsqueda inmediata y coordinada, así como la protección de los derechos de las víctimas y sus familias”.
Contexto: la crisis de desapariciones en México
La medida llega en medio de una problemática persistente. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), México acumula más de cien mil reportes de desaparición registrados en las últimas décadas, una situación que organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han calificado como estructural.
Colectivos de familias buscadoras han señalado durante años la falta de coordinación entre fiscalías, policías y autoridades locales como uno de los principales obstáculos para encontrar a las víctimas.
El nuevo protocolo intenta resolver precisamente ese problema: la fragmentación institucional.
Cómo funcionará la nueva Alerta Nacional
Activación inmediata y obligatoria
El protocolo establece que cualquier autoridad que reciba un reporte deberá registrar el caso de inmediato en el RNPDNO y, dependiendo de la investigación, también en la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
Una vez cargada la información, la Comisión Nacional de Búsqueda enviará automáticamente una ficha de búsqueda a todas las instituciones vinculadas:
- fiscalías especializadas
- comisiones estatales de búsqueda
- corporaciones de seguridad
- autoridades migratorias
- hospitales
- servicios forenses
- organizaciones civiles
Esto marca un cambio relevante: la búsqueda deja de depender únicamente de la fiscalía local.
La alerta nacional se activará sin necesidad de esperar 24, 48 o 72 horas, práctica que durante años fue criticada por organizaciones de derechos humanos.
Trazabilidad y seguimiento del caso
El protocolo también obliga a cada institución receptora a confirmar la recepción de la ficha de búsqueda, generando un registro de trazabilidad. Con ello se crea un expediente digital del caso que permite verificar qué autoridades actuaron, cuándo lo hicieron y qué diligencias realizaron.
La CNB coordinará la búsqueda interinstitucional, mientras las fiscalías deberán iniciar la investigación penal correspondiente.
Qué cambia respecto al sistema anterior
Hasta ahora, las búsquedas dependían principalmente de las autoridades estatales. Esto provocaba retrasos, duplicidad de esfuerzos o incluso que una persona fuera buscada en un estado mientras se encontraba en otro.
La Alerta Nacional busca romper ese esquema local.
Ahora la desaparición será tratada automáticamente como un asunto de alcance nacional.
El objetivo es reducir las primeras horas perdidas, consideradas por especialistas como críticas para localizar con vida a la persona.
Participación de familias y organizaciones civiles
El protocolo reconoce la intervención de colectivos de familiares, quienes podrán aportar información y acompañar los procesos de búsqueda.
También obliga a las autoridades a compartir información relevante con las familias, una demanda histórica de los grupos de búsqueda.
Expertos en derechos humanos señalan que el principal reto no será jurídico sino operativo: la implementación real en fiscalías locales y policías municipales.
Un paso institucional, pero el reto será aplicarlo
La creación del protocolo representa uno de los cambios administrativos más importantes en materia de búsqueda de personas en México desde la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017.
Sin embargo, organizaciones civiles han advertido que su éxito dependerá de tres factores:
- presupuesto suficiente
- capacitación de autoridades locales
- coordinación real entre instituciones
El Estado mexicano reconoce con este mecanismo que la desaparición de personas no es un problema aislado sino nacional.
El objetivo final, señala el documento, es claro: activar la búsqueda desde el primer minuto y evitar que una denuncia se convierta en un expediente olvidado.
Para miles de familias que llevan años buscando a sus seres queridos, la eficacia del protocolo se medirá en algo concreto: personas localizadas.
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