Informalidad laboral: Obstáculo para vivienda digna en el Estado de México
La informalidad laboral en México, con más del 50% de trabajadores afectados, limita el acceso a vivienda digna por falta de ingresos estables y seguridad social.
La situación actual del trabajo en México presenta un panorama complejo, donde la informalidad laboral juega un papel central en la generación de ingresos bajos y la creación de una situación crítica para millones de personas.
En el Estado de México, esta problemática se acentúa, convirtiéndose en un obstáculo significativo para el acceso a vivienda digna.
El Desafío de la Informalidad Laboral en el Estado de México
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2025, el país registró 33 millones de personas en la informalidad, lo que representa el 54.6 por ciento de la población ocupada.
Esta tendencia se mantiene en 2026 con tasas de informalidad del 54.8 por ciento, evidenciando que más de la mitad de los trabajadores carecen de prestaciones laborales y estabilidad económica.
En el Estado de México, la situación es aún más preocupante, con una tasa de informalidad del 57.2 por ciento en el tercer trimestre de 2025, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Esto coloca a la entidad como una de las más afectadas por este fenómeno, donde la precariedad laboral tiene un impacto directo en las condiciones de vivienda.
Las Consecuencias de la Informalidad en la Vivienda
La falta de ingresos fijos y el acceso limitado a instituciones de seguridad social como el Infonavit o créditos bancarios, dejan a los trabajadores informales excluidos del mercado formal de vivienda. Como consecuencia, recurren a alternativas como la autoconstrucción, asentamientos irregulares o viviendas compartidas en condiciones de hacinamiento.
Los hogares de menores ingresos, muchos de ellos en la informalidad, presentan mayores carencias en servicios básicos de vivienda, como agua, drenaje y calidad de los espacios, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en sus informes de medición de pobreza 2022 y 2024.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través del Censo de Población y Vivienda 2020, muestra que los trabajadores informales concentran menores ingresos y habitan con mayor frecuencia en viviendas con rezago o en áreas con menor acceso a infraestructura. Esta situación se alinea con el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, que documenta la asociación entre la informalidad laboral, la vivienda precaria y la localización periférica, reflejando su vínculo con empleos de bajos ingresos.
Un Círculo Vicioso
La informalidad no solo implica bajos ingresos, sino también condiciones laborales críticas. En 2025, el 38.4 por ciento de la población ocupada se encontraba en condiciones consideradas precarias, con salarios insuficientes o jornadas laborales inestables.
Esta realidad dificulta aún más la posibilidad de ahorrar o acceder a financiamiento para una vivienda formal.
Romper este círculo vicioso requiere políticas públicas integrales que vinculen empleo formal, acceso a crédito y desarrollo urbano. La falta de estas acciones mantiene a millones de familias atrapadas entre la informalidad laboral y la precariedad habitacional, una problemática estructural que persiste en el Estado de México.
Es fundamental abordar esta situación con medidas efectivas que promuevan el empleo formal, mejoren las condiciones laborales y aseguren el acceso a viviendas dignas para todos los ciudadanos. De lo contrario, la situación crítica actual se profundizará, generando un impacto negativo en la calidad de vida de la población y en el desarrollo socioeconómico del país.
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