Morena denuncia penalmente a Samuel García por desvío de recursos públicos

La tensión política en Nuevo León escaló este lunes luego de que la bancada de Morena anunciara una denuncia penal contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú por presuntos actos de corrupción relacionados con el uso indebido de recursos públicos.

Durante una conferencia de prensa realizada el 25 de mayo de 2026 en la sede estatal de Morena, diputados locales aseguraron contar con documentos y pruebas financieras que, según señalaron, revelarían una presunta red de triangulación de dinero entre proveedores del gobierno estatal y empresas vinculadas al mandatario emecista.

La acusación apunta a movimientos millonarios realizados entre 2021 y 2023 y que, de acuerdo con Morena, habrían terminado beneficiando indirectamente al despacho jurídico propiedad de Samuel García.

Morena acusa triangulación de recursos públicos en Nuevo León

Los legisladores morenistas explicaron que las operaciones financieras bajo sospecha involucran a varias empresas y transferencias realizadas durante los primeros años de la administración estatal.

Según lo expuesto en rueda de prensa, el gobierno de Nuevo León habría realizado pagos a un proveedor identificado como Suministro Myr, empresa que posteriormente habría transferido cerca de 35 millones de pesos a otra compañía llamada Proveedor de Productos Mexicanos Jace.

La acusación sostiene que esta última empresa habría enviado posteriormente recursos económicos a la firma Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho legal relacionado con Samuel García.

Morena aseguró que estas operaciones podrían constituir un posible esquema de desvío de recursos públicos, por lo que solicitarán la intervención directa de autoridades federales.

La denuncia será presentada ante la FGR

La bancada del partido guinda confirmó que presentará formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicie una investigación sobre los presuntos movimientos financieros.

Los diputados insistieron en que el objetivo es esclarecer si existió utilización irregular de dinero público y determinar si hubo beneficios directos o indirectos hacia personas cercanas al gobernador.

Entre los puntos que Morena busca que sean investigados destacan:

• Los contratos otorgados a proveedores relacionados con las operaciones señaladas.
• Las transferencias posteriores entre empresas privadas y el despacho jurídico mencionado.

Los legisladores afirmaron que la denuncia también incluirá información financiera y documentos que, según ellos, sustentan las acusaciones.

Investigación periodística aumenta la presión sobre Samuel García

Durante la presentación del caso, Morena también retomó información publicada previamente por el periódico El Norte, donde se señala que el despacho jurídico ligado a Samuel García habría destinado alrededor de 81.6 millones de pesos a campañas publicitarias en redes sociales.

Aunque la publicación periodística no constituye por sí misma una resolución judicial, los legisladores aseguraron que los datos refuerzan la necesidad de una investigación profunda sobre el origen y destino de los recursos.

La polémica vuelve a colocar al gobernador de Nuevo León en el centro del debate político nacional, especialmente en un contexto donde la fiscalización del gasto público se ha convertido en uno de los temas más sensibles para los gobiernos estatales.

Samuel García y Mariana Rodríguez no han fijado postura oficial

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni Samuel García ni Mariana Rodríguez habían emitido una postura detallada sobre la denuncia anunciada por Morena.

Sin embargo, en ocasiones anteriores el gobernador ha rechazado acusaciones similares y ha señalado que se trata de ataques políticos impulsados por adversarios y grupos opositores.

La controversia también ocurre en medio de un ambiente político cada vez más polarizado en Nuevo León, donde Morena y Movimiento Ciudadano han protagonizado múltiples confrontaciones relacionadas con presupuesto, transparencia y manejo de recursos públicos.

El caso podría escalar a nivel federal

La presentación de la denuncia ante la FGR podría abrir una nueva etapa legal y política para el gobierno de Nuevo León si las autoridades deciden iniciar carpetas de investigación formales.

Especialistas en temas de transparencia y combate a la corrupción han señalado que este tipo de casos suelen requerir revisiones financieras complejas, análisis de contratos públicos y rastreo detallado de transferencias bancarias.

Mientras tanto, el tema ya comenzó a generar reacciones en redes sociales y entre actores políticos nacionales, donde algunos exigen una investigación inmediata y otros consideran que se trata de un nuevo episodio de confrontación partidista rumbo a futuros procesos electorales.

La posible implicación de empresas privadas, recursos públicos y figuras cercanas al gobernador podría convertir este caso en uno de los más mediáticos para la administración estatal en los próximos meses.