Organizaciones exigen fondos para la Ley de Emergencia en Discapacidad

Un grupo de organizaciones miembro del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizó este lunes hasta el Ministerio de Economía, en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir la asignación de fondos que garanticen la continuidad de las prestaciones y el funcionamiento pleno de la ley de emergencia en discapacidad. La acción colectiva incluyó la entrega de una nota dirigida al titular del área, Luis Caputo, en la que solicitan la “inmediata aplicación presupuestaria” y la transferencia de recursos esenciales para el Programa Federal Incluir Salud, las Pensiones No Contributivas (PNC) y los afiliados de PAMI.

La concentración se realizó frente al edificio ministerial de Hipólito Yrigoyen 250. Los representantes de los colectivos advirtieron que la falta de financiamiento coloca a numerosas instituciones en una “situación crítica” y amenaza con interrumpir servicios fundamentales para miles de personas con discapacidad en todo el país.

Urgencia por Recursos

Según expresaron en un comunicado, “la emergencia en discapacidad continúa vigente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones, muchas de las cuales se encuentran hoy en riesgo”. El reclamo se focalizó en la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025. Las organizaciones remarcaron la urgencia recursos de garantizar las partidas presupuestarias para sostener el sistema de prestaciones y advirtieron sobre los efectos que genera la demora en la transferencia de fondos, principalmente para quienes dependen de Incluir Salud y las pensiones no contributivas.

La Importancia de la Ley

Las agrupaciones insistieron en que la vigencia de la ley “resulta indispensable para el sostenimiento del sistema prestacional”. Explicaron que la falta de recursos amenaza la continuidad de las instituciones que brindan atención diaria, terapias y apoyos esenciales a personas con discapacidad, en un contexto donde la emergencia aún no ha sido superada. "Contar con la presencia y el acompañamiento del sector resulta fundamental para fortalecer este reclamo colectivo en defensa de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención”, subrayaron en el mismo comunicado.

El pedido puntual al Ministerio de Economía incluyó la transferencia de los fondos correspondientes a los programas específicos que, según la normativa vigente, deben ser financiados por el Estado nacional. La movilización ocurre pese a la reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. El Gobierno nacional oficializó la normativa a través del Decreto 84/2026, cumpliendo así con el plazo fijado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 ordenó la entrada en vigencia inmediata de la ley y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.

El Conflicto Judicial

El fallo judicial declaró inválida la suspensión que había intentado el Ejecutivo, quien argumentaba falta de fondos para costear las nuevas prestaciones. El conflicto entre el Gobierno y el Congreso se originó cuando el Poder Ejecutivo vetó la aplicación de la ley, pese a ser promulgada, hasta que la Cámara de Diputados determinara la fuente de financiamiento. La disputa judicial se intensificó tras un amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos. El juez resolvió a favor de los reclamantes, ordenando la aplicación inmediata de la Ley 27.793 y fijando un plazo máximo de 30 días para su reglamentación.

La reglamentación también prevé la participación del Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, así como la obligación de presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la norma. El texto del decreto, rubricado por Javier Milei, aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial, pero establece la obligatoriedad de su cumplimiento.

Las organizaciones movilizadas subrayaron que, sin el financiamiento adecuado, la ley no podrá aplicarse en la práctica, y advirtieron sobre los riesgos que ello implica para la continuidad de las prestaciones esenciales. La situación actual genera una situación crítica para el sector de la discapacidad, poniendo en riesgo el bienestar y la inclusión social de miles de personas.