Guanajuato impugna reforma judicial ante la SCJN

El Ejecutivo Estatal de Guanajuato ha decidido confrontar la reciente Reforma Judicial y ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La gobernadora de la entidad, Libia Dennise García, notificó la impugnación desde el 27 de septiembre, y la solicitud fue turnada, el 4 de octubre, al ministro Juan Luis González Alcántara. En este contexto, es importante señalar que, desde 1995, las 32 entidades del país tienen la facultad de promover este tipo de controversias con el objetivo de cuestionar la constitucionalidad de normas generales, actos u omisiones de otros niveles de gobierno que invadan sus atribuciones o vulneren tratados internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo con el diario Reforma.

El futuro de esta impugnación ahora recae en manos del ministro González Alcántara, quien debe decidir si admite o rechaza la controversia emitida por el Gobierno de Guanajuato. En caso de que acepte la demanda, se convocará a juicio a las entidades que aprobaron la Reforma Judicial, incluyendo al Congreso, el poder Ejecutivo federal y las legislaturas locales, quienes deberán presentar informes y argumentar su posición. En contraposición, si el ministro desestima la controversia por 'improcedente', existe la posibilidad de que el Gobierno de Guanajuato impugne esta decisión ante el Pleno de la Suprema Corte, a través de un recurso de reclamación. Sin embargo, es relevante subrayar que, si el Pleno de la Corte fallara a favor del Gobierno de Guanajuato, la controversia solo tendría efectos en la entidad estatal.

Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de que García haya solicitado una suspensión de la reforma. En caso de que el ministro la apruebe, la Reforma Judicial quedaría sin efectos de manera temporal en Guanajuato. No obstante, es importante resaltar que la SCJN no suspende normas constitucionales. Esta Reforma Judicial, que fue promulgada el 15 de septiembre, otorga a cada entidad la facultad de decidir si la elección de sus magistrados y jueces de los tribunales superiores de justicia se llevará a cabo en la votación federal de 2025 o hasta junio de 2027. Este aspecto representa un obstáculo significativo para la implementación de la reforma, ya que introduce incertidumbre sobre la fecha de elección de dichos funcionarios en cada estado.

El Requerimiento de la SCJN y sus Implicaciones

El requerimiento que podría formular la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las entidades que aprobaron la Reforma Judicial marca una etapa crucial en este proceso jurídico. De ser admitida la controversia, los congresos, el poder Ejecutivo federal y las legislaturas locales deberán preparar y presentar sus argumentos y defensas ante la máxima autoridad judicial del país. Esta etapa no solo demanda una defensa robusta por parte de las entidades impugnadas, sino que también brinda la oportunidad de exponer los fundamentos legales y constitucionales que respaldan la validez de la Reforma Judicial. Este intercambio de argumentos y posturas en un foro judicial de tal importancia subraya la relevancia y el impacto que esta controversia puede tener en el ámbito jurídico y político del país. La espera por la decisión del ministro González Alcántara respecto a la admisión o rechazo de la controversia marca un momento de expectación en el ámbito político y jurídico, ya que su resolución tendrá implicaciones significativas para el futuro de la Reforma Judicial y su implementación en la entidad de Guanajuato.

Historia de Controversias Constitucionales en México

Las controversias constitucionales han sido una herramienta fundamental para la defensa del Estado de derecho y la protección de las atribuciones de las entidades federativas en México. Desde su establecimiento en 1995, este mecanismo ha permitido a las entidades impugnar actos o normas que consideran violatorias de su autonomía o que infringen disposiciones internacionales en materia de derechos humanos. A lo largo de los años, diversas controversias han sido sometidas al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtiéndolas en un espacio de diálogo y resolución de conflictos entre distintos niveles de gobierno. Esta práctica se ha vuelto un componente esencial de la dinámica política y jurídica en el país, permitiendo preservar el equilibrio entre las facultades del gobierno federal y las atribuciones de los estados.