Trump envía 2,000 soldados más a Los Ángeles en medio de protestas migratorias

En medio de las protestas suscitadas por las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles, la Administración del presidente Donald Trump ha tomado la decisión de desplegar 2,000 efectivos adicionales de la Guardia Nacional de California. Este despliegue se suma a los 4,100 efectivos ya presentes en la ciudad, así como a los 700 marines que también han sido enviados por orden del mandatario.

Protestas y envío de Donald Trump

La decisión del presidente Trump busca fortalecer la seguridad en el área metropolitana de Los Ángeles, donde las manifestaciones contra las detenciones de migrantes han generado un clima de tensión. El Mando Norte estadounidense informó que los militares desplegados bajo el Título 10, una normativa que establece el funcionamiento de las fuerzas estadounidenses, se centrarán en proteger las funciones federales, personal y propiedades.

Es importante destacar que, según las directrices del secretario de Defensa, Pete Hegseth, el rol de los soldados no incluye la realización de arrestos, registros o incautaciones. Su función se limita a garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones federales en medio de las protestas.

Función federal y controversia política

El despliegue de tropas federales ha generado controversia, con el gobernador de California, Gavin Newsom, calificando las acciones del gobierno como un ataque a la democracia estadounidense. A pesar de las críticas, el presidente Trump se ha mostrado firme en su decisión, señalando públicamente que baraja invocar la Ley de Insurrección si la situación escalara en Los Ángeles.

Trump también ha acusado a los manifestantes de recibir pagos por protestar contra las redadas y detenciones del ICE. Esta afirmación ha sido objeto de debate y controversia, con algunos sectores cuestionando la legitimidad de las protestas y otros defendiendo el derecho a la manifestación pacífica.

El uso del Título 10 para asumir competencias estatales y convertirlas en federales refleja la intención del gobierno federal de tomar el control de la situación en Los Ángeles. Esta medida ha desatado un debate sobre los límites del poder ejecutivo y su capacidad para intervenir en asuntos que competen a los estados.