Militares matan a seis migrantes en Chiapas, incluyendo a joven y menor de edad

El reciente Parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dejado en evidencia la situación crítica que enfrentan los migrantes en México, revelando la trágica pérdida de vidas humanas como resultado de la persecución militar y la implementación de políticas migratorias restrictivas por parte del Estado mexicano.

Denuncias y fallecimientos en la frontera

La CNDH ha presentado un preocupante informe que expone las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en la frontera sur de México. El Colectivo de Monitoreo - Frontera Sur ha denunciado que, entre las víctimas de la persecución militar hacia migrantes, se encuentran una joven y un menor de edad, cuyas vidas se han visto truncadas sin que se especifiquen sus nombres o edades. La organización no gubernamental ha destacado que estas muertes son el resultado directo de las políticas migratorias restrictivas implementadas por el Estado mexicano, que priorizan la contención de flujos migratorios a través de la militarización, en lugar de garantizar la protección de las personas migrantes.

Consecuencias de la militarización

Se ha señalado que la estrategia migratoria actual se centra en la persecución y seguridad de las personas migrantes, en lugar de enfocar esfuerzos en resguardar su seguridad humana. Estas políticas han generado un contexto de violencia y precariedad para miles de migrantes, lo que ha derivado en graves violaciones a sus derechos humanos. Además, se ha alertado sobre el incremento de los costos y riesgos que deben enfrentar las personas migrantes, quienes se ven obligadas a recurrir a vías clandestinas y peligrosas, dejando expuestas a muchas de ellas a ser víctimas de trata y tráfico. La situación se agrava ante la presencia de grupos criminales en Chiapas, que representan una amenaza para la vida e integridad de las personas migrantes que transitan por la región, así como para aquellos que buscan protección internacional. La omisión del Estado mexicano en su deber de investigar y sancionar estas violaciones a los derechos humanos ha contribuido a perpetuar un ciclo de impunidad y violencia.

Histórico de tragedias y omisiones

El CNDH también recuerda una serie de tragedias ocurridas en el pasado, que evidencian la omisión del Estado mexicano en garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. En octubre de 2022, un accidente en Pijijiapan cobró la vida de 10 migrantes que eran transportados en un camión, mientras que en 2021, un accidente similar en Tuxtla Gutiérrez resultó en la muerte de 55 personas. Asimismo, se hace mención de un incidente ocurrido el 31 de octubre de 2021, donde disparos de elementos de la Guardia Nacional contra un vehículo particular, en el que viajaban 13 personas migrantes, dejó como resultado un fallecimiento y dos lesionados. Estos lamentables acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad urgente de replantear la política migratoria en México, alejándola de enfoques y estrategias que han demostrado ser ineficaces y perjudiciales para las personas migrantes y sus familias.

Un llamado a la acción

En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) insta a las autoridades a reconsiderar sus enfoques y prácticas en materia de migración, priorizando la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. Es imperativo que se adopten medidas efectivas para prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos en la frontera sur, así como para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Además, se hace un llamado a la sociedad en su conjunto para sensibilizarse sobre la situación de las personas migrantes y abogar por su dignidad y derechos fundamentales. La migración es un fenómeno complejo que requiere de enfoques integrales y humanitarios, que reconozcan la dignidad y los derechos de todas las personas, sin importar su condición migratoria. Es fundamental construir sociedades más inclusivas y solidarias, que garanticen la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. Solo a través de un enfoque basado en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, podremos avanzar hacia una convivencia más justa y equitativa para todas las personas, sin importar su origen o situación migratoria. La defensa de los derechos humanos de las personas migrantes debe ser una prioridad para toda la sociedad, así como para las autoridades encargadas de velar por la justicia y el bienestar de la población. Es un compromiso que nos involucra a todos y todas, y que debe ser asumido con responsabilidad y determinación.