Reforma Judicial y Supremacía Constitucional: avances y controversias

La reforma judicial sigue avanzando a pesar de la resistencia de la oposición en la Cámara de Diputados. La mayoría parlamentaria de Morena, encabezada por Ricardo Monreal, está lista para presentar esta semana las iniciativas de tres leyes secundarias: carrera judicial, responsabilidades y Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, se planea que el proyecto de “supremacía constitucional” sea votado el jueves en el pleno y posteriormente enviado para su ratificación a las legislaturas estatales.

Temprana sesión dominical

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados llevó a cabo sorprendentemente una sesión dominical para dar trámite a la controvertida “supremacía constitucional”. Esta iniciativa, defendida por Morena y sus aliados, busca blindar sus reformas contra cualquier cuestionamiento legal.

El término “supremacía” genera inquietud en cuestiones políticas, ya que podría limitar las posibilidades de defensa ante abusos de poder. Esta propuesta ha sido comparada con el dogma de la infalibilidad del Papa en la iglesia católica, donde lo que dice el Pontífice no es cuestionado. De manera similar, la aprobación de este concepto en el ámbito legislativo también busca establecer una especie de inmunidad para las reformas impulsadas por la mayoría en la Cámara.

División en la bancada de Morena

En otro ámbito, las comparecencias de los aspirantes a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han generado división en la bancada de Morena. Aunque inicialmente había apoyo para la reelección de Rosario Piedra, las opiniones internas están polarizadas. Se mencionan a otras tres personas que han causado una impresión positiva: la abogada Paulina Hernández, de la Ciudad de México, Nashielli Ramírez, y el abogado Jesús González Schmal. Se considera que cualquiera de ellos garantizaría un mejor desempeño al frente de la CNDH en comparación con la señora Piedra.

Por otro lado, la austeridad en el Senado también ha generado controversia. A pesar de haber dejado 72.6 millones de pesos a la nueva administración, se han reportado despidos masivos y dificultades para realizar pagos de liquidaciones. Además, se ha informado sobre la cancelación de servicios ya cubiertos en un intento por “ahorrar más”. Esta situación ha generado inquietud sobre el impacto de la austeridad en los trabajadores, mientras que los privilegios del Senado parecen permanecer intactos.