Rusia prohíbe Amnistía Internacional por rusofobia y apoyo a Ucrania

En un giro que refleja una creciente tendencia hacia la represión, el gobierno ruso ha declarado a Amnistía Internacional (AI) como "organización indeseable", prohibiendo sus actividades en el país y acusándola de ser un foco de "rusofobia" y apoyo a Ucrania. Esta medida se suma a una serie de acciones que apuntan a silenciar la disidencia y controlar la narrativa pública, especialmente en el contexto de la guerra con Ucrania.

La sombra de la censura en Rusia

La Fiscalía rusa ha alegado que AI, con sede en Londres, apoya organizaciones extremistas y financia actividades de agentes extranjeros. En un comunicado publicado en su sitio web, el Fiscal General de Rusia afirmó que la organización se presenta como defensora de los derechos humanos a nivel mundial, pero en realidad es el centro de preparación de proyectos rusófobos globales, financiados por los aliados del régimen ucraniano.

Prohibición Rusia y persecución de la disidencia

Esta decisión no es un hecho aislado. En abril de 2022, las autoridades rusas cerraron la oficina de AI en Moscú por "infracciones a la legislación local", mientras que un mes antes, el regulador de comunicaciones Roskomnadzor bloqueó el acceso a la página web de la ONG en ruso. Estas acciones evidencian una clara estrategia de la administración rusa para limitar la difusión de información independiente y crítica al gobierno.

Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones la intensificación de la campaña de persecución de la disidencia en Rusia bajo el pretexto de la guerra con Ucrania. Las leyes de guerra promulgadas por el presidente Vladimir Putin han permitido condenar a 171 personas, además de abrir casi un centenar de nuevos procesos judiciales. La aplicación de las leyes antiterroristas también ha dado lugar a 114 expedientes contra individuos por expresar sus opiniones, lo que demuestra la utilización abusiva del sistema legal para reprimir la libertad de expresión.

En 2024, la justicia rusa declaró como "agente extranjero" a otras 169 organizaciones, medios de comunicación e individuos, mientras que a 65 grupos se les calificó como "indeseables". Estas medidas representan una grave amenaza para el espacio civil y la libertad de asociación en Rusia. La creciente tendencia hacia la censura y la represión ponen en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos rusos y limitan la capacidad de la sociedad civil para hacer frente a los desafíos actuales.