TEPJF ordena al INE analizar denuncia por violencia política de género contra senadores panistas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tomado una decisión importante en relación con una denuncia por presunta violencia política de género interpuesta contra los senadores Ricardo Anaya y Guadalupe Murguía. La queja fue presentada por Susana Rocío Rojas Rodríguez, quien aspiraba a la magistratura del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, y alegaba que sus aspiraciones habían sido objeto de un ataque político sexista debido a su pasada afiliación al partido Morena.

La lucha contra la violencia política de género

Rojas Rodríguez denunció que Anaya y Murguía cuestionaron públicamente su idoneidad para el cargo en una rueda de prensa, argumentando que su vínculo con Morena era un impedimento para ocupar el puesto. La aspirante afirmó que estos comentarios no solo cuestionaban su capacidad profesional sino que también constituían un acto de violencia política de género.

Inicialmente, el magistrado Felipe de la Mata propuso desechar la denuncia, argumentando que el INE carecía de competencia para abordar el caso. Sin embargo, durante la sesión del pleno, la mayoría de los magistrados del TEPJF consideró que el asunto sí era competencia del INE. La magistrada Janine Otálora Malassis subrayó que la acusación involucraba posibles actos de violencia política de género, dado que los cuestionamientos hacia la aspirante se centraron en su afiliación al partido Morena, lo cual podría constituir un acto discriminatorio relacionado con su género.

La importancia de proteger a las mujeres políticas

La magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso respaldó esta postura, enfatizando que los hechos denunciados podrían configurar violencia política de género, lo que habilita al INE para investigar el caso. En la misma línea, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón argumentó que una interpretación restrictiva de la competencia del INE sería contraria a una visión amplia de los derechos político-electorales, proteger así la integridad de quienes ejercen su derecho a participar en cargos públicos sin ser objeto de violencia o discriminación.

Con esta resolución, el INE deberá continuar con el análisis de fondo de la denuncia presentada por Rojas Rodríguez. Este caso pone en evidencia la creciente preocupación por la violencia política de género, un fenómeno que afecta a mujeres políticas en todo el país, quienes en ocasiones se ven sometidas a ataques que no sólo son políticos, sino también de naturaleza sexista.

Además, resalta la importancia de que las autoridades electorales cuenten con mecanismos claros para abordar estos casos, a fin de garantizar una participación política libre de discriminación y violencia para todas las personas. La lucha contra la violencia política debe ser un objetivo primordial para construir una sociedad más justa e igualitaria.