Doce detenidos por estafa internacional con criptomonedas tras robar más de 442 mil euros

La Guardia Civil española desmanteló una red internacional dedicada a la estafa con criptomonedas, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos, una operación que permitió esclarecer un fraude superior a 442.000 euros y la investigación de doce personas implicadas. El operativo, denominado Operación Vicentius, se desarrolló durante varios meses y fue confirmado oficialmente a comienzos de febrero de 2026, tras la presentación de una denuncia clave por parte de una de las víctimas.

La investigación se inició a mediados de 2025, cuando una mujer residente en La Rioja alertó a las autoridades tras detectar movimientos bancarios no autorizados, pérdidas económicas severas y la imposibilidad de recuperar supuestas inversiones realizadas en plataformas de criptomonedas que, posteriormente, se comprobó que eran fraudulentas.

Así operaba la estafa con criptomonedas

Según la información recabada por los investigadores, los delincuentes se hacían pasar por falsos asesores financieros, quienes contactaban a sus víctimas a través de canales digitales y les ofrecían inversiones aparentemente seguras y altamente rentables en criptoactivos. Para reforzar el engaño, los estafadores mostraban plataformas manipuladas, con gráficos falsos y balances inflados que simulaban beneficios constantes y crecientes.

Una vez ganada la confianza de la víctima, los integrantes de la red la convencían de instalar en sus dispositivos el software de control remoto AnyDesk, bajo el pretexto de ayudarla a gestionar mejor sus inversiones. En realidad, esta herramienta permitió a los delincuentes tomar el control total del ordenador y del teléfono móvil, acceder a sus credenciales bancarias, correos electrónicos e información personal sensible.

Control remoto, vaciado de cuentas y préstamos a su nombre

Con el acceso remoto, los estafadores vaciaron tanto las cuentas personales de la víctima como las de la empresa para la que trabajaba, además de solicitar dos préstamos inmediatos a su nombre por un total de 10.450 euros, sin su conocimiento ni consentimiento.

El perjuicio económico total ascendió a 442.650 euros, de los cuales 432.000 euros correspondían a criptoactivos, según el balance oficial de la Guardia Civil. El resto del dinero fue sustraído mediante transferencias bancarias y cargos directos realizados durante el periodo en el que los delincuentes mantuvieron el control remoto de los dispositivos.

Doce investigados y una red de “mulas bancarias”

La operación permitió identificar e investigar a doce personas —ocho hombres y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y los 75 años— que presuntamente actuaban como “mulas bancarias” dentro de la organización. Su función consistía en facilitar cuentas bancarias, abrir nuevas a su nombre o a nombre de terceros y recibir el dinero procedente de las estafas.

Posteriormente, los fondos eran fragmentados, retirados en efectivo o redistribuidos mediante transferencias sucesivas, tanto a cuentas nacionales como internacionales, o bien convertidos nuevamente en criptomonedas para dificultar su rastreo.

Transferencias internacionales y ramificaciones en varios países

Durante la investigación, la Guardia Civil logró rastrear 42 transferencias bancarias dirigidas a cuentas ubicadas en Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China, lo que confirmó el carácter internacional de la red criminal y la existencia de ramificaciones fuera de España.

Las autoridades trabajan ahora en cooperación con organismos internacionales para seguir el rastro del dinero, identificar a otros posibles implicados y tratar de recuperar la mayor cantidad posible de los fondos defraudados. La investigación continúa abierta.

Un fraude en aumento y la advertencia de las autoridades

Desde la Guardia Civil subrayan que este caso refleja la creciente sofisticación de las estafas relacionadas con criptomonedas, que combinan ingeniería social, herramientas tecnológicas legítimas usadas con fines delictivos y estructuras organizadas de blanqueo de capitales.

Las autoridades recomiendan desconfiar de inversiones con beneficios garantizados, no permitir el acceso remoto a dispositivos personales y verificar siempre la legitimidad de las plataformas financieras. Asimismo, recuerdan la importancia de denunciar de inmediato cualquier indicio de fraude para facilitar la actuación policial y evitar daños económicos mayores.