Sheinbaum: Cero impunidad por violencia contra mujeres en Guardia Nacional y Fuerzas Armadas

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó este miércoles 28 de enero que su gobierno mantendrá una política de cero impunidad frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluso cuando los presuntos responsables pertenezcan a la Guardia Nacional o a las Fuerzas Armadas. El mensaje marca una postura clara: ninguna institución del Estado estará por encima de la ley cuando se trate de delitos contra mujeres.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal confirmó que se realizará una revisión exhaustiva de diversos casos recientes que han generado preocupación pública, entre ellos los fallecimientos de Stephany Carmona, Sherlyn Manzanares y Dalila Acosta, mujeres que formaban parte de corporaciones de seguridad federales.

Casos bajo la lupa presidencial

Sheinbaum explicó que estos expedientes serán revisados para garantizar que no existan omisiones, encubrimientos ni dilaciones en las investigaciones. Subrayó que los casos no se limitarán al ámbito de la justicia militar, sino que también serán procesados por autoridades civiles, incluyendo al Ministerio Público y las fiscalías correspondientes.

Este punto es clave, ya que históricamente los delitos cometidos dentro de instituciones castrenses han sido señalados por organismos de derechos humanos por falta de transparencia o por resolverse exclusivamente en tribunales militares. La presidenta sostuvo que su administración busca romper con esas prácticas.

“No puede haber privilegios ni protección institucional cuando se trata de violencia contra las mujeres”, afirmó Sheinbaum.

El caso trágico de Stephany Carmona

La declaración presidencial responde directamente al feminicidio de Stephany Carmona, una joven agente de la Guardia Nacional de apenas 19 años, originaria de Puebla. Stephany fue asesinada dentro de las instalaciones de la corporación a pesar de haber denunciado formalmente el acoso por parte de sus superiores. Su caso ha causado profunda consternación debido a la falta de medidas preventivas que podrían haber salvado su vida.

Actualmente, el principal sospechoso, el Segundo Sargento Yair Manuel ‘N’, se encuentra prófugo de la Justicia tras huir de las instalaciones después del crimen. El caso ha generado un llamado urgente a reforzar los protocolos de seguridad y atención a las denuncias de violencia dentro de las fuerzas armadas, asegurando que no haya impunidad para quienes vulneran la vida y dignidad de las mujeres.

Doble vía judicial para integrantes de la Guardia Nacional

La presidenta recordó que los elementos de la Guardia Nacional están sujetos a un doble régimen de responsabilidad. Esto significa que, además de enfrentar procedimientos internos o militares, también pueden y deben ser juzgados por autoridades civiles cuando existan indicios de delitos.

Esta política responde a recomendaciones internacionales y a demandas históricas de colectivos feministas, que han insistido en que la justicia militar no debe ser el único canal para sancionar delitos que afectan a civiles o vulneran derechos humanos.

El papel de la Secretaría de las Mujeres

Sheinbaum destacó el fortalecimiento de la Secretaría de las Mujeres, dependencia que cuenta con un área especializada para atender denuncias de acoso, abuso o violencia ejercida por servidores públicos, incluidos elementos de seguridad.

Este mecanismo busca:

• Brindar atención integral a las víctimas
• Garantizar acompañamiento jurídico y psicológico
• Canalizar denuncias directamente a instancias competentes
• Evitar represalias dentro de las corporaciones

La mandataria subrayó que este enfoque es parte de una política transversal de género que involucra a todas las dependencias federales, no solo a las civiles, sino también a las de carácter militar.

Un mensaje político e institucional

El pronunciamiento de Sheinbaum llega en un contexto donde la violencia de género sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales en México. Datos oficiales y de organizaciones civiles coinciden en que los casos de feminicidio, acoso y abuso dentro de instituciones de seguridad suelen enfrentar barreras adicionales para su esclarecimiento.

Por ello, el mensaje presidencial no solo busca responder a casos específicos, sino enviar una señal clara a las corporaciones armadas: la disciplina institucional no puede utilizarse como pretexto para ocultar delitos.

Retos pendientes y vigilancia ciudadana

Aunque el compromiso de “cero impunidad” ha sido bien recibido por colectivos de mujeres, especialistas advierten que el verdadero desafío será la implementación efectiva. La vigilancia ciudadana, el acceso a la información y la rendición de cuentas serán claves para evaluar si las investigaciones avanzan con celeridad y sin sesgos.

Organismos defensores de derechos humanos han señalado que el seguimiento público de estos casos será fundamental para evitar que las promesas políticas se diluyan con el tiempo.

Un cambio de paradigma en seguridad y género

Con este posicionamiento, el gobierno federal intenta avanzar hacia un nuevo paradigma, donde la seguridad nacional y la perspectiva de género no sean conceptos opuestos, sino complementarios. La erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de las instituciones armadas representa, según analistas, una prueba decisiva para la credibilidad del Estado mexicano.

La presidenta fue enfática al cerrar su mensaje: la justicia para las mujeres no admite excepciones, sin importar el uniforme, el rango o la institución del presunto agresor.