Sheinbaum exhibe a exministros de la SCJN: preventas de boletos y otros gastos no autorizados
La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió una lista de apoyos no oficiales que beneficiaban a exministros de la Suprema Corte, incluyendo servicios personales y acceso a preventas de boletos. El caso reabre el debate sobre privilegios, austeridad y rendición de cuentas en el Poder Judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes 27 de enero un listado de apoyos y trámites de carácter no oficial que, aseguró, tenían acceso las y los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo desde servicios personales hasta compras relacionadas con preventas de boletos y beneficios exclusivos. La información fue difundida en la conferencia de prensa matutina de este martes y ha generado un intenso debate sobre la transparencia, el uso de recursos públicos y los límites de los privilegios dentro del Poder Judicial.
Sheinbaum expuso que, entre 2023 y 2024, las y los ministros del máximo tribunal gozaron de un amplio paquete de apoyos y prestaciones que eran gestionados a través de áreas de atención directa, que actuaban como si se tratara de asistentes personales encargados de resolver gestiones fuera del marco formal del servicio público.
De despensas a preventas de boletos: el alcance de los apoyos cancelados
Una lista de 149 trámites “no oficiales”
Según datos proporcionados por la mandataria, la lista de apoyos de carácter no oficial ascendía originalmente a 149 puntos, de los cuales 59 ya han sido cancelados, con pasos en curso para eliminar los restantes 90. Entre los apoyos eliminados se encuentran solicitudes de:
- Suministro de agua por medio de pipas
- Energía eléctrica y servicios de telefonía
- Pago de teléfonos celulares
- Despensas y pedidos de comida
- Adquisición de enseres y objetos personales
- Autógrafos o artículos de celebridades
- Acceso a preventas de boletos o eventos exclusivos
- Reservaciones de hospedaje y servicios varias
- Abastecimiento de servicios de entretenimiento (como Ticketmaster y Ocesa)
La mención sobre el uso de recursos para preventa de boletos y otros servicios ajenos a funciones judiciales ha sido particularmente destacada por Sheinbaum y replicada por medios, debido a que podría implicar el uso de personal o recursos que exceden las necesidades institucionales básicas.
Un comparativo con la nueva Corte
Sueldos y prestaciones reducidos
Durante la exposición, Sheinbaum presentó un comparativo de percepciones y prestaciones entre los ministros de la SCJN de la administración anterior y los actuales integrantes de la Corte:
- 2023–2024: Sueldo mensual neto de 206,947 pesos; anual neto de 2 millones 483,370 pesos.
- 2025: Sueldo mensual neto de 133,000 pesos; anual neto de 1 millón 596,000 pesos; reducción de 73,947 pesos mensuales.
Asimismo, las prestaciones crecieron de más de 1.3 millones de pesos anuales por ministro en 2023–2024 a 579,691 pesos en 2025 y 568,802 pesos en 2026. El gasto en medicinas complementarias y alimentos también se redujo de 11.1 millones en 2023 a 7.1 millones de enero a agosto de 2025, y se programaron apenas 200 mil pesos para 2026.
Este comparativo fue presentado por Sheinbaum con el objetivo de mostrar que la nueva Corte ha recortado gastos y eliminado privilegios considerados superfluos o ajenos a las funciones jurisdiccionales.
Debate sobre privilegios y responsabilidad pública
El anuncio se da en medio de una discusión más amplia sobre la transparencia y austeridad en los poderes del Estado, donde diversas voces han señalado que la eliminación de privilegios para servidores públicos puede aumentar la confianza ciudadana en las instituciones.
Sin embargo, también ha generado cuestionamientos entre sectores judiciales y académicos, quienes afirman que distinguir entre gastos legítimos de apoyo institucional y solicitudes excesivas requiere un análisis jurídico claro para evitar ambigüedades. Experts han señalado que servicios como el pago de telefonía o alimentación pueden estar justificados bajo protocolos de seguridad o condiciones de trabajo especializadas, aunque la inclusión de preventas o beneficios para eventos públicos sí rozaría ámbitos personales más que institucionales.
Reacciones y respuestas institucionales
Hasta el momento, la SCJN no ha emitido una respuesta oficial pública detallada frente a la exposición de Sheinbaum, aunque fuentes judiciales han señalado informalmente que la Corte revisa los llamados apoyos y estudios comparativos para determinar cuál fue la naturaleza de estos servicios, si tenían base normativa o si fue una práctica arraigada sin justificación formal.
Por su parte, especialistas en derecho administrativo y transparencia han señalado que este tipo de revelaciones abren la puerta a un debate sobre la modernización de las instituciones y la rendición de cuentas efectiva, un tema que ha sido señalado recurrentemente dentro de la agenda pública de reformas administrativas en México.
Más allá de la exhibición: ¿qué sigue?
Pasos hacia la transparencia
Sheinbaum anunció que la eliminación de los apoyos mencionados será acompañada de auditorías internas y revisiones normativas para asegurar que no existan vacíos que permitan prácticas similares en el futuro. La idea, dijo, es ligar con mayor claridad las prestaciones y apoyos a funciones institucionales estrictamente definidas y reguladas.
Este esfuerzo forma parte de una agenda más amplia de austeridad, transparencia y control de recursos públicos, impulsada por la administración actual, la cual busca equilibrar la independencia judicial con la responsabilidad del gasto público.
En conjunto, la exposición de Sheinbaum sobre los exministros de la SCJN representa tanto una crítica pública a prácticas del pasado como un primer paso hacia la redefinición de cómo se gestionan apoyos y beneficios en las instituciones más altas del Estado mexicano.
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