Sheinbaum propone eliminar pensiones millonarias de ex funcionarios y fijar un tope nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles 18 de febrero que presentará ante el Senado una reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones exorbitantes” que actualmente reciben ex funcionarios de alto nivel en diversas instituciones públicas. La propuesta busca establecer un límite máximo a las jubilaciones financiadas con recursos del Estado y se inscribe dentro de la política de austeridad del nuevo gobierno federal.

De acuerdo con la información dada a conocer durante su conferencia matutina, la iniciativa será enviada al Congreso el lunes siguiente y plantea modificar el artículo 127 constitucional para fijar un tope a las pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos públicos.

La mandataria explicó que el objetivo central es impedir que servidores públicos retirados reciban ingresos superiores a los de los actuales funcionarios en activo, práctica que, aseguró, aún persiste en varias dependencias.

“Ex funcionarios de altos mandos… están recibiendo pensiones onerosas”, señaló la presidenta al justificar la reforma.

Un tope ligado al salario presidencial

Cuánto podrían recibir como máximo

El proyecto establece que las pensiones no podrán exceder el 50% de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo federal. En términos actuales, equivaldría aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.

La Consejería Jurídica de la Presidencia explicó que la reforma no afectará las jubilaciones establecidas en contratos colectivos de trabajo ni las pensiones ordinarias de trabajadores sindicalizados, sino exclusivamente a los altos mandos de confianza.

La presidenta también aclaró que no tendrá efectos retroactivos:

“El que gana un millón ahora ya lo ganó”, afirmó al explicar que la reducción aplicaría hacia adelante.

Sheinbaum incluso puso como ejemplo su propio retiro:

“Cuando salga del gobierno… probablemente alcance máximo 30 mil pesos mensuales”, comentó, señalando que sería una pensión “muy digna”.

Ahorro previsto: 5 mil millones de pesos

Recursos destinados a programas sociales

El gobierno federal calcula que la reforma permitiría ahorrar aproximadamente cinco mil millones de pesos anuales, recursos que serían canalizados a programas de bienestar social.

La medida forma parte del eje de “austeridad republicana”, concepto heredado de la administración anterior y que busca reducir privilegios dentro del sector público. Según la explicación oficial, la iniciativa también responde a criterios de responsabilidad financiera y equidad en el gasto público.

Las pensiones más altas dentro del sector público

Casos detectados en empresas del Estado

Durante la presentación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló algunos ejemplos. En la extinta Luz y Fuerza del Centro existen pensionados que reciben hasta un millón de pesos mensuales, y más de 9 mil ex trabajadores perciben entre 100 mil y un millón de pesos desde hace más de 16 años.

También se identificaron casos en otras entidades públicas:

• En Petróleos Mexicanos hay más de 500 pensionados con percepciones superiores a las de la presidenta.
• En la Comisión Federal de Electricidad más de dos mil jubilados reciben ingresos mayores al salario presidencial.
• En banca de desarrollo y organismos financieros públicos también existen pensiones por encima de los topes del sistema de seguridad social.

Según datos oficiales, algunas jubilaciones superan hasta 39 veces el promedio nacional.

Contexto: la política de austeridad en México

La propuesta se inscribe en una línea política iniciada desde 2018, cuando el gobierno federal redujo salarios de altos funcionarios y eliminó seguros médicos privados y otros beneficios. El artículo 127 constitucional ya establece que ningún servidor público debe ganar más que el presidente; sin embargo, las pensiones históricas y regímenes especiales quedaron fuera del alcance de esa regulación.

El nuevo proyecto intenta cerrar ese vacío legal.

“Pensiones sin privilegios”, resumió la presidenta al explicar el espíritu de la reforma.

Debate político y legal

Especialistas anticipan que la iniciativa generará discusión jurídica, pues tocará derechos adquiridos y sistemas de jubilación heredados de empresas paraestatales. Sin embargo, el gobierno sostiene que la medida no afectará prestaciones laborales convencionales ni derechos de trabajadores sindicalizados.

La discusión legislativa comenzará en el Senado en las próximas semanas. De aprobarse, la reforma modificaría el sistema de jubilaciones del sector público mexicano y marcaría uno de los cambios administrativos más relevantes en materia de gasto gubernamental en años recientes.

Para el gobierno, el objetivo es claro: reducir privilegios históricos y reorientar recursos públicos hacia políticas sociales, en medio de un debate nacional sobre equidad salarial y uso del presupuesto público.