En un caso que ha generado controversia, el alcalde de San Pedro Garza García retiró nuevamente los sellos de clausura de un negocio, desobedeciendo una orden del Tribunal Superior de Justicia. A pesar de alegar que la Fiscalía se excedió en sus funciones, documentos revelan que la actuación de los agentes ministeriales estuvo respaldada por la ley. Se espera que el empresario obtenga una suspensión definitiva que podría resultar en consecuencias legales para el alcalde y sus colaboradores. Este conflicto legal, que ha implicado costos millonarios para los contribuyentes, ha deteriorado la imagen del municipio. El alcalde se enfrenta a múltiples cuestionamientos sobre su conducta y su futuro político.
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