Andrés Manuel López Obrador, el estratega detrás de la campaña de Claudia Sheinbaum

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tomado un papel protagónico en la campaña de su candidata Claudia Sheinbaum, presentando un conjunto de iniciativas de reformas constitucionales a pesar de no contar con la mayoría legislativa calificada.

Un movimiento estratégico

Este movimiento estratégico tiene como objetivo principal mantenerse al frente del proceso electoral que busca llevar a Sheinbaum a la presidencia de la República, dejando en claro su papel como jefe de campaña.

Las iniciativas, presentadas en un momento clave de su mandato, han sido interpretadas como un claro catálogo de propuestas para mantenerse en el centro de la conversación y al frente de la campaña electoral. A pesar de no contar con el respaldo necesario en el Congreso, López Obrador ha demostrado su determinación por impulsar estas reformas, las cuales también han sido asumidas por Sheinbaum como parte de su plan de campaña y, en caso de ganar, de gobierno.

Interrogantes sobre la estrategia

Esta estrategia plantea interrogantes sobre si fortalece al presidente como líder o a su candidata. Queda en evidencia que López Obrador busca mantener su posición como jefe de campaña, aunque deja en claro que el cargo de presidenta de México, de ganar las elecciones, será exclusivo de Sheinbaum, respetando la indivisibilidad del cargo según lo establece la Constitución.

En paralelo, el presidente ha asumido un rol de fiscal al llevar a cabo un juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán, aunque se pronostica que esta iniciativa no tendrá éxito debido a la falta de mayoría calificada en el Senado. Por su parte, el gobernador Samuel García y su candidato presidencial, Álvarez Máynez, han generado controversia por su comportamiento inapropiado durante un evento público, mostrando una conducta que ha sido objeto de críticas.

Dudas sobre la solidez del proyecto gubernamental

Además, el anuncio de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sobre la utilización de fideicomisos de la Corte y organismos autónomos para financiar el fondo de pensiones, ha generado dudas sobre la solidez del proyecto gubernamental.