CIDH alerta sobre posibles impactos negativos de la reforma judicial en México y derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las posibles adversidades que enfrentará la justicia mexicana tras la aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma al Poder Judicial. La CIDH advierte que esta reforma podría tener impactos negativos en el derecho de acceso a la justicia, la independencia judicial y el Estado de derecho.

Seguimiento de la reforma judicial

Según la CIDH, sigue de manera cercana el proceso legislativo de la reforma judicial, la cual fue remitida por el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 5 de febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre, y posteriormente, por el Senado de la República el 11 de septiembre. La CIDH también resalta que ha recibido información de organizaciones de la sociedad civil, expertos y operadores de justicia sobre las posibles afectaciones de esta reforma en relación con las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y el Estado de derecho.

Cese de autoridades judiciales

La reforma incluye el cese de autoridades judiciales en México, quien será ejecutado en fases entre 2025 y 2027, para dar paso a una elección popular de todos los jueces, magistrados y ministros del país. Esta medida ha suscitado inquietud entre la CIDH, ya que considera que la rapidez de las profundos cambios podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial.

Desafíos en el acceso a la justicia

A pesar de reconocer los desafíos en el acceso a la justicia en México, que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, como lo ha resaltado en informes anuales, la CIDH enfatiza que una reforma constitucional de esta magnitud debe llevarse a cabo en un marco de diálogo amplio, informado y participativo, que fomente la participación ciudadana.

Inquietudes de la CIDH

La CIDH también ha expresado su inquietud por la inclusión en la reforma de medidas para preservar la identidad de las personas juzgadoras en casos de delincuencia organizada, conocido como "jueces sin rostro", así como el proceso para la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la falta de garantías del debido proceso en el régimen disciplinario.

Diálogo y participación ciudadana

A pesar de los diálogos nacionales impulsados por el Estado para garantizar la participación ciudadana en la reforma, la rapidez en su tramitación ha impedido considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, evidenciada en las manifestaciones recientes. Asimismo, la CIDH ha mostrado su preocupación por las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras en respuesta a sus manifestaciones por parte de las autoridades que promueven la reforma.

Independencia judicial y acceso a la justicia

La CIDH insta a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice en conforme con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que respondan a las necesidades de justicia expedita y efectiva para la población sin discriminación. Además, la CIDH exhorta a garantizar instancias de diálogo real que aseguren la participación de todos los sectores interesados, a la luz de la conflictividad y las protestas públicas.

Mandato de la CIDH

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH hace un llamado a garantizar que la reforma judicial se lleve a cabo de manera acorde con los principios de independencia judicial, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos, en un contexto de diálogo y participación ciudadana. Constituyendo estos aspectos fundamentales para el fortalecimiento del sistema de justicia mexicano y el respeto a los derechos humanos en el país.