Comisión de Diputados aprueba control de Guardia Nacional por Sedena: reforma constitucional en debate

La Cámara de Diputados avanza hacia la reforma que confiere control de la Guardia Nacional a la Sedena. Con esta medida se modifican 12 artículos constitucionales y se determina que la Guardia Nacional será parte de la Fuerza Armada permanente.

Avance en la Cámara de Diputados

La última sesión de la Cámara de Diputados marcó un hito significativo en la discusión de la reforma que busca conferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un tema que ha generado amplio debate y controversia en la sociedad mexicana. Durante dicha sesión, se logró un avance crucial al presentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, el cual recibió el visto bueno por parte de la mayoría de los legisladores presentes.

El dictamen aprobado establece la inclusión de la Guardia Nacional como parte integral de la Fuerza Armada permanente de México, lo que implicará una reconfiguración sustancial en la estructura y funcionamiento de esta institución de seguridad. Esta decisión, promovida por el gobierno federal, busca fortalecer la capacidad operativa de la Guardia Nacional al integrarla plenamente en la estructura de las Fuerzas Armadas, bajo el mando y control de la Sedena.

Cambio en la estructura constitucional

La reforma propuesta implica cambios sustanciales a 12 artículos de la Constitución Mexicana, transformando radicalmente la naturaleza y funciones de la Guardia Nacional. Entre las modificaciones más relevantes, se destaca la facultad de la Guardia Nacional para la investigación de delitos en el ámbito de su competencia, lo cual ampliaría significativamente sus atribuciones y funciones en el contexto de la seguridad pública del país.

Además, se establece que la Federación contará con una Guardia Nacional de carácter permanente, integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional. Esta disposición busca consolidar la participación de personal militar en funciones de seguridad pública, lo que ha generado tanto apoyo como críticas en sectores de la sociedad y el ámbito político.

Coordinación entre instituciones de seguridad

Otro aspecto relevante de la reforma es la determinación de que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deberán coordinarse para cumplir con los fines de la seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta disposición busca promover una mayor coordinación y colaboración entre las diferentes instancias responsables de la seguridad pública en el país, con el objetivo de lograr una respuesta más efectiva y eficiente ante la delincuencia y otros desafíos en materia de seguridad.

Facultades del Ejecutivo y Congreso

La reforma también contempla disposiciones relevantes en cuanto a las facultades del Ejecutivo y del Congreso. Se establece que el Ejecutivo podrá disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley, lo que otorga un amplio margen de maniobra al gobierno en la utilización de los recursos militares en funciones de seguridad.

Asimismo, se otorga al Congreso la facultad de expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública. Esta disposición busca establecer un marco normativo más claro y específico en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, con miras a garantizar su uso adecuado y proporcional.

Suspensión de funciones de los organismos autónomos

En medio de este contexto, la Comisión de Puntos Constitucionales también ha planteado la posibilidad de suspender funciones de ciertos organismos autónomos, tales como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta propuesta ha generado controversia, dado que implica una modificación significativa en la forma en que se han venido administrando y supervisando funciones de control y transparencia en la gestión pública.

Desafíos y perspectivas

El avance hacia la reforma que otorga control de la Guardia Nacional a la Sedena representa un cambio cultural y estructural significativo en la forma en que se concibe la seguridad pública en México. Sin embargo, también plantea desafíos y preocupaciones en torno a la posible militarización de las funciones de seguridad pública y la garantía de los derechos humanos en el ejercicio de estas atribuciones por parte de personal militar.

A medida que la reforma avanza hacia su discusión y eventual aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados, se avizoran debates intensos y posicionamientos diversos en torno a esta propuesta. La pugna entre quienes defienden la integración plena de la Guardia Nacional a la estructura militar y aquellos que abogan por una separación clara entre funciones de seguridad pública y tareas militares seguirá siendo objeto de análisis y discusión en los próximos días.

Impacto en la seguridad pública

El impacto de esta reforma en la seguridad pública del país será objeto de atención y evaluación en el corto y mediano plazo. La mayor integración de personal militar en funciones de seguridad pública plantea interrogantes sobre el enfoque y la estrategia que se adoptará para abordar los desafíos en materia de seguridad en un contexto marcado por la violencia criminal y la delincuencia organizada.

La aprobación de la reforma para conferir el control de la Guardia Nacional a la Sedena representa un paso decisivo en la reconfiguración de las instituciones de seguridad en México. Este cambio estructural generará un impacto significativo en la manera en que se concibe y ejerce la seguridad pública en el país, abriendo un nuevo capítulo en la historia de las fuerzas armadas y su papel en la lucha contra el crimen y la violencia.