Congreso aprueba reforma de 'supremacía constitucional' para limitar revisiones del Poder Judicial

El Poder Legislativo de México ha concluido de manera expedita el proceso relacionado con la reforma conocida como 'de supremacía constitucional', cuyo objetivo principal es restringir la capacidad del Poder Judicial para revisar reformas a la Constitución. Este significativo avance se materializó en un plazo sorprendentemente corto de apenas diez días.

La Acelerada Tramitación de la Reforma

La rapidez con la que se llevó a cabo este proceso se debe en gran medida a la mayoría calificada que ostentan los partidos Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso. A pesar de la polémica por la supuesta sobrerrepresentación en las curules, se logró avanzar a un ritmo vertiginoso en el ámbito legislativo.

Durante la tramitación de la reforma, solo se aceptó una modificación al dictamen original, que consistió en eliminar la reforma al artículo primero constitucional, la cual planteaba debilitar el sistema de protección de derechos humanos. Además, 23 legislaturas estatales, dominadas por Morena, dieron su visto bueno a la reforma en menos de 24 horas.

Acciones Ante la Suprema Corte

En un giro inesperado, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció su intención de solicitar a la Suprema Corte que cancele todos los procesos relacionados con la reforma judicial que ordena la elección de funcionarios judiciales. Esta declaración se produce justo cuando el máximo tribunal está a punto de abordar el asunto en sesión pública.

El Impacto en la Elección de Funcionarios Judiciales

La reforma en cuestión tiene un impacto significativo en el proceso de elección de jueces, ministros y otros altos cargos del Poder Judicial. El proyecto a discusión plantea anular la elección de jueces, mientras se hacen modificaciones en la designación de ministros y otros altos funcionarios judiciales. Sin embargo, el objetivo principal de la estrategia de Morena es evitar que esta crucial discusión llegue a llevarse a cabo, en un intento por consolidar el control sobre el sistema de justicia en el país.