Ciudad de México. La presidenta del Comité Pro Panteón de San Gregorio Atlapulco, Patricia González Guzmán, se encuentra en medio de una situación polémica. Se han presentado tres carpetas de investigación en su contra por los delitos de exhumación e inhumación clandestina y despojo, lo que ha generado un intento para destituirla y que la Alcaldía Xochimilco y las autoridades capitalinas se hagan cargo comercialmente del panteón. Ante esta situación, diferentes representantes de pueblos y barrios originarios, así como autoridades de los cementerios comunitarios, han solicitado al Jefe de Gobierno y al alcalde de Xochimilco que pongan fin a esta persecución penal. Además, se está investigando una denuncia de González Guzmán por extorsión y amenazas de muerte por parte de un grupo delictivo, por lo que también se solicitan garantías de seguridad para ella y su familia. Durante una manifestación en apoyo a la presidenta del comité, se exigió que se extinga la acción penal en su contra y se investiguen las llamadas recibidas, con el objetivo de cumplir con su labor sin temor a ser detenida o atacada. Su abogado, Alejandro Velázquez, destacó que González Guzmán es la actual representante tradicional del cementerio comunitario y que la facultad de administrarlo está reconocida constitucionalmente. Asimismo, señaló que todos los trámites se llevan a cabo de manera autónoma, una práctica que ha sido realizada durante décadas. Las denuncias presentadas por inhumaciones y exhumaciones clandestinas, así como por despojo, son consideradas como consecuencia del cumplimiento de sus deberes como representante.
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