Diputados frenan desafuero contra Cuauhtémoc Blanco por presunto abuso sexual

La Cámara de Diputados tomó una decisión polémica al frenar el proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, el diputado plurinominal de Morena, acusado de violación por parte de su media hermana.

Con tres votos a favor (dos de Morena y uno del PVEM) y uno en contra (PAN), la Sección Instructora de la Cámara de Diputados decidió no iniciar un proceso de investigación contra Blanco. La decisión generó controversia, especialmente considerando la gravedad de la acusación.

La Secuencia de Eventos

El caso inició con una denuncia por parte de la media hermana de Cuauhtémoc Blanco, quien lo acusa de violación. Posteriormente, el Fiscal que solicitó el desafuero de Blanco fue destituido por el gobierno de Morelos al hacer pública la acusación.

La Sección Instructora, compuesta por cuatro diputados, se encargó de analizar la solicitud de desafuero. De acuerdo con los reportes, esta instancia decidió frenar completamente la petición por 3 votos contra uno. Los diputados que votaron en contra fueron Hugo Eric Flores (Morena), Adriana Belinda Quiroz (Morena) y Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM). El único diputado que votó a favor de iniciar investigaciones fue Germán Martínez (PAN).

La Decisión Controversial

Al terminar la reunión, Germán Martínez expresó su disconformidad con la decisión tomada: "Yo fui derrotado en admitir el asunto (…) Yo no me presto a impunidades, vengo aquí no a culpabilizar a nadie, pero sí a revisar completamente los expedientes sin andar arrastrando los pies".

Es importante destacar que la Sección Instructora no es la encargada de realizar el juicio político ni de iniciar el desafuero. Su función es abrir el periodo de pruebas para recibirlas y elaborar un expediente. Sobre este expediente, se decide conjuntamente si vale la pena proceder contra los servidores públicos denunciados.

Al no admitir el proceso, los diputados eligieron no considerar las pruebas presentadas en el caso del desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Esta decisión ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y justicia en el proceso.