Directora de JUFED denuncia preocupaciones en iniciativa de supremacía constitucional de Morena

En un giro inesperado en el ámbito jurídico y político del país, las declaraciones de Juana Fuentes, directora de la Asociación de Jueces y Magistrados (JUFED), han generado un torrente de preocupación en la comunidad legal y política. La controversia surge en torno a la reciente aprobación de la iniciativa de supremacía constitucional por parte de Morena, la cual, según Fuentes, representa un golpe mortal a los mecanismos de impugnación de la ciudadanía. En un contexto marcado por tensiones políticas y judiciales, las palabras de Fuentes resuenan con fuerza, invitando a una reflexión profunda sobre el destino del estado de derecho y la separación de poderes en el país.

Preocupación por la Supremacía Constitucional

Juana Fuentes no escatimó esfuerzos al expresar su preocupación por la iniciativa de Morena, que, según su opinión, blindará reformas, incluida la judicial. En sus declaraciones, Fuentes lamentó que esta iniciativa, en lugar de fortalecer el poder judicial, busque limitar los mecanismos de impugnación para la ciudadanía, lo cual considera perjudicial para el estado de derecho.

Una de las preocupaciones más destacadas de Fuentes es la eliminación de los mecanismos de impugnación para la ciudadanía, lo que, según ella, representa un retroceso en el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales. En este sentido, la directora de JUFED hizo un llamado a la sociedad civil y a los profesionales del derecho a alzar la voz en defensa de la independencia del Poder Judicial.

El Futuro del Poder Judicial

Fuentes dejó claro que, a pesar de la aprobación de la iniciativa, la lucha en defensa del Poder Judicial se mantendrá firme. En este sentido, manifestó su convicción de que el poder judicial no se arrodillará ante los otros dos poderes, reafirmando el compromiso de velar por la integridad y la autonomía de la administración de justicia en el país.

Las declaraciones de Juana Fuentes invitan a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre las implicaciones de la aprobación de la iniciativa de supremacía constitucional. La cuestión no se limita únicamente al ámbito legal, sino que trasciende hacia aspectos fundamentales de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. En este sentido, resulta imperativo que diferentes sectores de la sociedad se unan en la defensa de la independencia judicial y la salvaguarda de los principios democráticos.