Fiscalía de Coahuila entre las peor evaluadas por la CNDH en cumplimiento de recomendaciones

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó su informe anual de resultados al 2023, en el que señala que la Fiscalía General de Coahuila se encuentra entre las fiscalías estatales con mayor número de pendientes en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la comisión. Este informe anual evaluó el impacto de las acciones de la CNDH, incluyendo el uso de herramientas como la emisión de recomendaciones para que las autoridades abordaran casos de violaciones a los derechos humanos.

Fiscalía de Coahuila: una de las peor evaluadas

El informe detalla que a nivel nacional, existen cinco fiscalías locales con el mayor número de recomendaciones en trámite, y entre ellas se encuentra la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Dichas recomendaciones se emitieron debido a violaciones en procedimientos judiciales, abusos de fuerza y falsas acusaciones por parte de las autoridades.

La CNDH expuso que la Fiscalía de Veracruz encabeza la lista, con 20 recomendaciones en trámite, seguida de las fiscalías de Guerrero y Chiapas con 12; Coahuila con nueve; y finalmente la Fiscalía de Morelos con ocho.

Las recomendaciones emitidas por la CNDH son una herramienta crucial en la defensa de los derechos humanos, ya que pueden motivar a las autoridades a reparar daños y establecer garantías para prevenir la repetición de actos violatorios. Sin embargo, en algunos casos, estas recomendaciones pueden tardar años en ser emitidas, como es el caso de ciertas recomendaciones relacionadas con la FGE de Coahuila que datan de 2021 y 2022 y fueron emitidas en 2023. Entre ellas se encuentran recomendaciones relacionadas con malos tratos a la población migrante y deficiencias en investigaciones sobre decesos en el Cefereso 18.

Desafíos ante la falta de presupuesto CNDH

La CNDH identificó la falta de presupuesto como uno de los principales obstáculos para el cumplimiento adecuado de las recomendaciones, lo que afecta la reparación integral de los daños. Según el informe, la falta de presupuesto de las autoridades recomendadas dificulta el cumplimiento de la reparación económica, evidenciando la inoperancia del modelo actual. Además, se señaló la necesidad de revisar la Ley General de Víctimas y los mecanismos de atención a víctimas para mejorar su eficacia.