Juez estadounidense desestima demanda de México contra fabricantes de armas por tráfico a cárteles

Un juez estadounidense ha desestimado en gran parte la demanda de 10,000 millones de dólares presentada por México contra fabricantes de armas en Estados Unidos, responsabilizándolos por facilitar el tráfico de armas a cárteles de la droga en México. La decisión se basa en problemas de jurisdicción y la falta de pruebas suficientes para demostrar un nexo jurisdiccional entre las empresas demandadas y el estado de Massachusetts.

Argumentos de la desestimación

El juez de distrito estadounidense Dennis Saylor, de Boston, desestimó las demandas contra seis de las ocho empresas que México había demandado en 2021, incluyendo a Sturm, Ruger RGR y Glock, argumentando problemas jurisdiccionales y considerando la conexión de las empresas con Massachusetts como "mínima en el mejor de los casos". Saylor también señaló que México no demostró que cualquier arma de fuego vendida específicamente en Massachusetts le causara daño.

Demanda adicional contra otros fabricantes

El juez también desestimó las demandas contra otras empresas, incluyendo Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Company, Century International Arms y Beretta USA. A pesar de presentar la demanda, México no logró proporcionar pruebas suficientes para establecer un nexo jurisdiccional con el estado de Massachusetts.

Impacto en la relación México-Estados Unidos

Esta desestimación representa un revés para México en su intento por responsabilizar a los fabricantes de armas en Estados Unidos por el tráfico de armamento hacia su territorio. La decisión del juez Saylor plantea interrogantes sobre la forma en que se aborda el tráfico de armas entre México y Estados Unidos, así como las medidas que se están tomando para prevenir este problema.

Reacciones y próximos pasos

Los representantes de la industria armamentística y de México no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre la desestimación de la demanda. La falta de respuesta por parte de ambas partes deja abierta la posibilidad de futuros litigios o acciones legales que puedan surgir como resultado de esta decisión judicial.