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La FGR rechaza resolución judicial que suspende órdenes de aprehensión por delitos graves
La FGR rechaza resolución judicial que suspende orden de aprehensión por delitos graves, poniendo en riesgo a víctimas y ofendidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó de manera contundente la resolución judicial que indica que una demanda de amparo es suficiente para suspender el cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos graves. Esta jurisprudencia fue alcanzada por el pleno regional en materia penal y de trabajo del Poder Judicial de la Federación en la región Centro-Norte del país.
La FGR enfatizó que esta disposición se aplicaría a delitos graves como los sexuales, los cometidos contra menores, el feminicidio, el homicidio, la violación, el secuestro y la delincuencia organizada, entre otros. Además, esta normativa se establecería en diversos estados del país, incluyendo Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Consecuencias para las víctimas y testigos
La FGR expresó su preocupación acerca de las consecuencias que esta resolución acarrearía, afirmando que pondría en peligro inmediato a las víctimas, los ofendidos y sus testigos, dejándolos en riesgo tanto en su integridad como en su vida, sin la protección necesaria de sus derechos humanos.
Ante esta situación, la Fiscalía solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tome una postura clara sobre el tema, considerando las graves implicaciones que esta resolución podría tener.
La Fiscalía advirtió que la impunidad y el estado de indefensión que generaría esta decisión podrían extenderse por meses o incluso años, dependiendo de la duración del proceso de amparo, que cuenta con dos instancias y que podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Emisión de un pronunciamiento claro y definido
En vista de estas circunstancias, la FGR, en conjunto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, solicitó formalmente a la SCJN que emita un pronunciamiento claro y definido sobre la supremacía constitucional en beneficio de las víctimas y los ofendidos, en cumplimiento del artículo 19 de la Constitución, el cual tiene prioridad y soberanía sobre cualquier resolución de tribunales internacionales y solo puede ser modificado mediante aprobación del Poder Legislativo.
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