La SCJN se suma al paro del PJF, genera polémica entre sus ministras y ministros

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un paro de labores en apoyo a la protesta del Poder Judicial de la Federación.

El pasado jueves 4 de septiembre de 2023, se llevó a cabo una decisión histórica en el ámbito judicial de México. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, con una mayoría de ocho votos a favor y tres en contra, sumarse al paro de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta decisión se tomó en una sesión privada, en la cual los ministros expresaron su postura a favor de no llevar a cabo actividades judiciales durante el periodo de protesta.

Among the ministers who supported the decision to join the strike were: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández. En contraste, la ministra Loretta Ortiz Ahfl, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra de esta medida de presión.

Consecuencias del paro de labores

Como resultado inmediato de esta decisión, se suspendieron las sesiones de las Salas del PJF el miércoles 4 de septiembre, así como las del Pleno de la SCJN el jueves 5 próximo. Sin embargo, se acordó mantener las guardias necesarias y no contabilizar los plazos hasta el lunes 9 de septiembre. Asimismo, se acordó tramitar los asuntos urgentes según el criterio de las ministras y ministros competentes.

De acuerdo a las ministras Loretta Ortiz Ahfl, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, el paro de labores representa una violación a su responsabilidad constitucional de ejercer el cargo de Ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia. Estas autoridades consideran que la Constitución y la Ley Orgánica del PJF no contemplan la figura del paro de labores a este nivel, lo que abriría la puerta a posibles sanciones e investigaciones por parte de órganos fiscalizadores.

La protesta del PJF

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) ha manifestado su apoyo al paro nacional impulsado por el PJF, el cual ha permanecido en vigor durante casi dos semanas. Este movimiento ha logrado sensibilizar a diferentes actores políticos y sociales sobre la importancia de proteger la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, la Cámara de Diputados, liderada por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, anunció la decisión de trasladar la sede de discusión de la reforma judicial a la unidad deportiva Magdalena Mixhuca, como respuesta a los bloqueos en el recinto legislativo por parte de trabajadores del Poder Judicial. Esta medida busca garantizar el derecho a la libre manifestación, al tiempo que garantiza la continuidad de los trabajos legislativos y la discusión parlamentaria en un entorno seguro.

Desafíos para la independencia judicial

El paro de labores del PJF y la decisión de la cámara de diputados de trasladar la sede de discusión de la reforma judicial ponen de manifiesto los desafíos que enfrenta la independencia y autonomía del Poder Judicial en México. Por un lado, la protesta judicial busca visibilizar la importancia de proteger la labor de los funcionarios judiciales en el contexto de un entorno político y social adverso. Por otro lado, el traslado de la sede de discusión refleja la necesidad de garantizar la continuidad de las labores legislativas en un ambiente propicio para el debate y la deliberación.

Reformas en la agenda legislativa

El Congreso de México se encuentra en un nuevo periodo legislativo, en el cual la bancada de Morena, junto a sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ostenta una mayoría calificada. Esta situación les otorga la capacidad de llevar a cabo reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición. El líder de Morena destacó que en casos de confrontación, la ley le otorga la facultad de nombrar sedes alternas para continuar con las deliberaciones necesarias sobre temas de importancia nacional.

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