La Suprema Corte de México anula delito de ‘corrupción’ en CDMX por generar ‘confusión e incertidumbre’

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado las reformas al Código Penal de la Ciudad de México en las que se establecía el delito de ‘corrupción’ y se consideraba como ‘servidores públicos’ a los miembros de la sociedad civil que recibieran fondos públicos. Este fallo se debe a que, de acuerdo con la visión de la Corte, el artículo 108 constitucional no permite extender el concepto de servidor público a personas que no ocupen un cargo en la estructura del Estado.

La importancia de este fallo radica en la definición clara de quiénes son considerados servidores públicos y en la delimitación de las conductas ilícitas que constituyen el delito de corrupción.

Servidores públicos

La Corte comunicó que es importante no confundir el carácter de servidor público que una persona pueda tener con la posibilidad de que sea sancionada penal o administrativamente por su responsabilidad frente al Estado.

Respecto al delito de corrupción, la reforma incluía elementos que definían las conductas ilícitas cometidas por un servidor público, al convertir una serie de acciones autónomas en modalidades o tipos penales complementarios del delito de corrupción.

Sin embargo, la Corte determinó que este cambio vulneraba los principios de seguridad jurídica y taxatividad, ya que generaba confusión e incertidumbre en los destinatarios de la ley.

Sociedad civil

En particular, la parte de la reforma que establecía como servidores públicos a “cualquier asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos” fue cuestionada, ya que se pretendía crear un régimen de penas y agravantes tanto para servidores públicos como para particulares, lo que no favorecía la comprensión del tipo penal contemplado y vulneraba el principio de seguridad jurídica.

La invalidez de estas disposiciones tendrá efectos retroactivos a partir del día en que entró en vigor el precepto analizado, es decir, el 8 de junio de 2021. Con esta decisión, la SCJN busca promover la claridad y certeza jurídica en la legislación penal, garantizando que las normativas sean claras y no generen confusiones en su interpretación y aplicación.