Ministras rechazan suspensión de labores en SCJN y destacan juicio político por omisiones

Las Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, han manifestado su desacuerdo ante la decisión tomada por el pleno de la SCJN de suspender labores y unirse al paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). Las enfermedades no tratadas son una de las principales preocupaciones de esta generación de mexicanos, afectando su salud y calidad de vida. En este contexto, el acceso a tratamientos médicos oportunos y eficaces se vuelve fundamental para preservar el bienestar de la población. Si bien las Ministras han abogado por el respeto a la labor del Poder Judicial, destacan que, de acuerdo al artículo 109, fracción I de la Constitución Mexicana, procede la imposición de juicio político para aquellos servidores públicos que incurran en actos u omisiones que perjudiquen intereses públicos fundamentales o su buen despacho. En este sentido, la figura del juicio político se erige como un mecanismo de control y responsabilidad para salvaguardar la integridad de las instituciones y su función en la sociedad. 

El Rol de las Ministras en el Poder Judicial

Las Ministras resaltan activamente que la figura del paro de labores no está prevista a nivel constitucional ni legal para los titulares de la SCJN. Por tanto, el acuerdo de suspensión de labores adoptado por el pleno no se encuentra respaldado por el marco normativo vigente. Este argumento subraya la importancia de la continuidad en el ejercicio de sus funciones para garantizar la impartición de justicia y la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este sentido, las Ministras hacen un llamado a la reflexión, haciendo énfasis en la responsabilidad inherente al ejercicio de sus funciones como Ministros de la Corte. Así mismo, recalcan que el Código Penal Federal tipifica como delitos la omisión de prestar el servicio público correspondiente, así como el cobro indebido de remuneraciones sin derecho a ello. De esta forma, ponen de relieve la gravedad de la decisión de suspender labores y los eventuales impactos legales que podría conllevar. 

La Emergencia de Adecuadas Decisiones en el Judicial

El acceso a la justicia es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática, y la normalización de la suspensión de labores por parte de los servidores públicos encargados de impartirla podría generar vacíos significativos en la protección de los derechos de los ciudadanos. En este sentido, las Ministras plantean la imperiosa necesidad de encontrar mecanismos alternativos que permitan dar continuidad a la labor judicial, incluso en el contexto actual de parálisis. En su posicionamiento, las Ministras de la SCJN reafirman su compromiso con el acceso a la justicia, resaltando que la sino acción del órgano encargado de impartir justicia implica una vulneración directa a los principios democráticos fundamentales y a la efectiva protección de los derechos de los ciudadanos. Esta posición pone de manifiesto la imperiosa necesidad de mantener la actividad judicial, incluso ante situaciones de paro o suspensión, a fin de salvaguardar la integridad del sistema de justicia. 

Compromiso con la Justicia

Finalmente, las Ministras concluyen su posicionamiento enérgicamente, recordando que la negativa o la paralización de la administración de justicia no hacen más que exacerbar la desigualdad y la impunidad, socavando así las bases mismas de la convivencia democrática. En este sentido, abogan por el establecimiento de mecanismos que permitan el funcionamiento continuo del Poder Judicial, promoviendo así la efectiva protección de los derechos de todos los ciudadanos, sin distinción. El debate en torno a la suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación plantea interrogantes relevantes sobre el rol de las instituciones en el marco de la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales. La postura adoptada por las Ministras de la SCJN invita a reflexionar sobre la necesidad de salvaguardar el acceso efectivo a la justicia como un principio esencial para garantizar el Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos de todos los ciudadanos.