Noboa propone ley para combatir la economía criminal en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa ha presentado un ambicioso proyecto de ley económica urgente ante la Asamblea Nacional, con el objetivo claro de atacar la raíz del conflicto armado interno que azota a Ecuador: la economía criminal. Este proyecto propone mecanismos concretos y específicos para desmantelar las estructuras criminales y proteger la seguridad pública.

Combate a la Economía Criminal: Una Estrategia Integral

El documento presentado ante la Asamblea Nacional detalla estrategias integradas en materia financiera, tributaria y de seguridad, con el fin de neutralizar a las organizaciones criminales. Una de las líneas de acción más importantes es la restricción directa de las fuentes económicas de estas estructuras, mediante la desmantelación de redes de lavado de activos, la confiscación de bienes obtenidos ilícitamente y la eliminación de sus canales financieros.

Estas medidas buscan reducir sustancialmente el poder económico de los grupos criminales y prevenir que la economía lícita sea infiltrada por recursos provenientes del crimen organizado. La integridad y estabilidad del sistema económico nacional están en juego, y este proyecto busca garantizar su solidez frente a las amenazas del crimen.

Fortalecimiento de la Seguridad Pública y Prevención del Crimen

Para hacer frente a estos desafíos, el proyecto contempla la creación de una instancia denominada Bloque de Seguridad, responsable de coordinar y ejecutar las medidas establecidas por la ley. Este organismo, encabezado directamente por el presidente o su delegado, tendrá como misión principal planificar acciones militares y de seguridad, además de controlar la aplicación de medidas económicas específicas para desarticular las economías criminales.

El Bloque de Seguridad contará con diversas competencias, entre las que se incluyen establecer controles fronterizos integrados, sistemas de vigilancia tecnológica, y definir las llamadas “zonas de seguridad”, declaradas directamente por el presidente. Asimismo, podrá determinar medidas adicionales que considere necesarias, como recopilar información de inteligencia para anticipar movimientos criminales y prevenir ataques.

En el marco específico de la seguridad pública, el proyecto permite a las Fuerzas Armadas aplicar fuerza legítima y directa contra objetivos militares identificados claramente, como bienes muebles e inmuebles involucrados en actividades ilícitas. Esto incluye el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, el lavado de activos y la trata de personas.

Además, se establece que vehículos polarizados o sin placas, que no pertenezcan a entidades gubernamentales, podrán ser considerados objetivos militares legítimos. Estas medidas buscan fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y proteger la seguridad ciudadana.

En el ámbito financiero y tributario, la ley propone cambios importantes a la normativa sobre prevención del lavado de activos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador (UAFE) asumirá un rol más amplio en contextos de conflicto armado interno, priorizando la detección y documentación de operaciones sospechosas relacionadas con economías criminales.

La UAFE también deberá coordinarse con autoridades nacionales e internacionales mediante acuerdos de cooperación para robustecer la lucha contra actividades ilícitas financieras. Esta reforma busca fortalecer el sistema de prevención del lavado de activos y cortar las vías de financiamiento del crimen organizado.

Adicionalmente, la propuesta introduce reformas tributarias incentivando las donaciones a favor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se permitirá que los contribuyentes obtengan rebajas en el impuesto a la renta por donaciones destinadas al equipamiento para seguridad pública, con un límite del 30% del impuesto causado.