Bogotá. Rodrigo Granda, representante de su partido en la comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos de paz de 2016, se enfrenta a la dolorosa realidad de la ola de asesinatos que afecta a los excombatientes en Colombia. Esta semana, se reportó el asesinato de Neftalí Orobio Venté, convirtiéndose en el firmante de paz número 396 en ser asesinado desde la firma de los acuerdos, un hecho lamentablemente ignorado por los medios de comunicación.
El cadáver de Orobio fue encontrado en el departamento de Nariño, donde lideraba un proyecto productivo para mejorar la vida de su familia. La situación es alarmante, dado que se estima que un excombatiente es asesinado cada semana desde hace siete años. Estos crímenes, en su mayoría impunes, han generado un clima de hostilidad que obliga a los excombatientes y sus familias a abandonar los espacios territoriales donde se agruparon para su reincorporación a la vida civil.
La violencia contra los excombatientes proviene de diferentes frentes, tanto de disidencias de las FARC como de nuevos grupos paramilitares con apoyo de sectores de las fuerzas militares. Esta situación recuerda la trágica historia de Unión Patriótica, un partido de izquierda que fue aniquilado en las décadas pasadas por una alianza entre grupos paramilitares y agentes del Estado.
A pesar de esta situación, el gobierno de Gustavo Petro continúa buscando acuerdos de paz con las disidencias de las FARC y otros grupos armados relacionados con el narcotráfico. El alto comisionado de paz ha expresado su compromiso en la búsqueda de acuerdos que pongan fin a la violencia generalizada que también afecta a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Es crucial que el gobierno y la sociedad colombiana tomen medidas urgentes para detener esta creciente ola de violencia contra los excombatientes y garantizar su seguridad y bienestar. La paz en Colombia debe ser una realidad para todos los ciudadanos, sin excepción.
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