En México, el gobierno federal informó sobre una nueva actualización del censo de personas desaparecidas, indicando que sólo pudo confirmar 12,377 casos de desaparición, lo que generó rechazo y críticas por parte de madres buscadoras, colectivos y organizaciones. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que lograron localizar a 16,681 personas y ubicar, pero no localizar, a 17,843, lo que representa el 31% del total. Además, 26,090 registros no cuentan con datos suficientes para identificar y 36,022 registros no tienen indicios para la búsqueda, lo que generó cuestionamientos sobre la metodología utilizada y la falta de claridad en el proceso. Madres buscadoras, como Cecilia Flores, expresaron su desacuerdo con la nueva actualización y cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando un enfoque más centrado en la búsqueda y la investigación real. Otras organizaciones, como el Colectivo 10 de Marzo y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también rechazaron los resultados y exigieron transparencia en la actualización del censo. Asimismo, se enfatizó en la necesidad de revertir la crisis forense y la implementación de herramientas de transparencia para auditar los procesos de justicia.
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