Sheinbaum defiende elección de jueces en EE. UU. tras críticas de embajador Ken Salazar

Luego de las declaraciones de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, sobre los riesgos democráticos de la reforma judicial propuesta, la presidenta electa Claudia Sheinbaum defendió la elección de jueces por votación popular en 43 de las 50 entidades estadounidenses. Sin embargo, expertos aclaran que este método solo se aplica a jueces locales.

Métodos de selección de jueces en EE. UU.

En Estados Unidos, los jueces locales son seleccionados mediante diversos métodos, incluyendo elecciones partidistas, no partidistas, legislativas, designación por el gobernador o designación asistida. Este último método, conocido como Plan Missouri, implica que los jueces deben ser confirmados por el pueblo en una elección de retención para continuar en la corte después de cumplir un mandato inicial.

La elección de jueces por voto popular se lleva a cabo en varios estados como Alabama, Illinois, Luisiana, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Texas, entre otros. Por otro lado, en otros estados como Alaska, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Maryland, Misuri, Nebraska, Nueva York, Oklahoma, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont y Wyoming se utilizan métodos de selección no partidistas.

El proceso electoral en la elección de jueces

El proceso electoral para la elección de jueces en Estados Unidos generalmente comienza con unas elecciones primarias, en las cuales los candidatos ganadores representan a su partido en las elecciones judiciales generales. En el caso de las elecciones no partidistas, se busca distanciar a los partidos políticos de las elecciones de jueces, evitando la postulación de candidatos por parte de estos.

Es importante señalar que Mississippi fue el primer estado en implementar la elección de jueces en 1832, sentando un precedente que ha sido seguido por otros estados a lo largo del tiempo. Mientras tanto, en el ámbito federal, los jueces de la Suprema Corte son nominados por el presidente y confirmados por el Senado, un procedimiento que también se lleva a cabo en México.

En México, la reforma judicial propuesta plantea un cambio significativo en la manera en que se eligen a los ministros, jueces y magistrados. Según el nuevo dictamen, la campaña para estas elecciones tendría una duración de 60 días, permitiendo el acceso a spots de radio y televisión, así como la participación en foros organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y otros sectores.

Adicionalmente, se establece que los candidatos no podrán recibir financiamiento público ni privado para sus campañas, debiendo costearlas con recursos propios. Asimismo, se prohíbe el apoyo por parte de partidos políticos y funcionarios a los aspirantes. En cuanto a la remoción de los ministros de la Corte y magistrados elegidos mediante el voto popular, se detalla que únicamente podrán ser destituidos a través de un proceso especial.

El debate sobre la reforma judicial en México

El debate en torno a la reforma judicial en México ha suscitado opiniones encontradas. Los defensores de la propuesta argumentan que la elección por voto popular fortalecería la democracia y la rendición de cuentas de los impartidores de justicia. Por otro lado, sus detractores sostienen que esta medida podría abrir la puerta a la politicización de la justicia y a la presión de grupos de interés sobre los jueces y magistrados.

La comparación con el sistema de elección de jueces en Estados Unidos ha generado un intenso debate sobre los pros y los contras de cada modelo. Mientras que algunos ven en la elección por voto popular un mecanismo para acercar la justicia a la ciudadanía y darle mayor legitimidad a los funcionarios judiciales, otros señalan los riesgos de eventuales abusos y la exposición a prácticas clientelistas.