
Trump firma ley que permite detener migrantes por delitos menores sin condena previa
Donald Trump firmó una ley que permite detener a migrantes por delitos menores antes de ser condenados, cuestionada por afectar derechos de inmigrantes.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva ley que permite a las autoridades migratorias detener a migrantes por robos y otros delitos menores antes de haber sido condenados. La firma de esta primera medida desde el inicio de su segundo mandato se llevó a cabo el 21 de enero en la Casa Blanca, ante un centenar de invitados, incluidos los familiares de una joven asesinada por un migrante indocumentado.
La ley y el caso que la inspiró
La legislación lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en el estado de Georgia en febrero de 2024 por un inmigrante venezolano indocumentado, José Ibarra. A pesar de haber sido arrestado por un delito menor de hurto en tiendas, Ibarra fue liberado en EE. UU. mientras su caso migratorio estaba en proceso. Fue declarado culpable del asesinato de Riley a finales de 2024 y cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Reacciones políticas y apoyo a la ley
La ley fue aprobada el 22 de enero por la Cámara de Representantes, con el respaldo casi unánime de la bancada republicana y el apoyo de 46 congresistas demócratas. También recibió el visto bueno del Senado, con el respaldo de 12 senadores demócratas, a pesar de la oposición de activistas por los derechos de los inmigrantes tradicionales alineados con el Partido Demócrata. Estos grupos denunciaron la medida por considerarla demasiado radical, argumentando que podría desencadenar redadas masivas contra personas acusadas de delitos menores, además de alertar sobre la eliminación del debido proceso para acusados de delitos no violentos.
Arrestos y nuevas potestades
La nueva legislación contempla arrestos por hurtos menores en supermercados o tiendas, con la novedad de que los detenidos pasarán a estar bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Además, se otorgan nuevas potestades a los fiscales generales de los estados del país, que podrán intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno federal. Estas nuevas facultades les permitirán forzar al Departamento de Estado a no conceder más visas a los ciudadanos de países que no acepten deportaciones de Estados Unidos.
Desafíos para la implementación de la ley
Según los cálculos de medios estadounidenses, el Gobierno necesitaría gastar más de 3 mil millones de dólares adicionales y aumentar la capacidad de detención de migrantes a más de 60 mil camas para poder aplicar la nueva ley. Esto representa un desafío logístico y financiero significativo para la administración actual. Además, se estima que se requieren entre 12 y 1,500 detenciones diarias, lo que agrega presión sobre las organizaciones encargadas de ejecutar estas medidas.
Presión sobre las agencias gubernamentales
Trump ha puesto la migración en el centro de su agenda y ha instado a las agencias gubernamentales a cumplir con cuotas diarias mínimas de arrestos por agente, lo que implica un aumento en la actividad de detención de migrantes. Este énfasis en la migración también se ha reflejado en declaraciones de Trump, donde sugiere que la aprobación de esta ley es solo el inicio de una serie de proyectos de ley destinados a reforzar las medidas enérgicas contra extranjeros criminales y restaurar el estado de derecho en el país.
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