Abogado denuncia tortura y secuestro por excoordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán
Carlos Escobedo denuncia tortura por parte del excoordinador del Sistema Penitenciario de Michoacán, Ignacio Mendoza, quien renunció tras las acusaciones.
El 17 de agosto de 2024, Carlos Escobedo Suárez, un abogado de 28 años, denunció haber sido víctima de tortura y privación ilegal de su libertad en Morelia, Michoacán. Escobedo señaló al entonces coordinador del Sistema Penitenciario del estado como su atacante. El abogado, miembro del grupo de abogados del Sistema Penitenciario de Michoacán, identificó a Ignacio Mendoza Jiménez como el responsable de los hechos. Mendoza renunció a su cargo el 20 de agosto. Además, Escobedo mencionó la participación de la familia de Mendoza y sus escoltas en el incidente.
Tortura en el despacho particular
Según Carlos Escobedo, fue torturado en el despacho privado de Mendoza, ubicado en la Colonia Ana María Gallaga, de Morelia. Declaró haber sido sometido a golpes y electroshocks, incluso en sus genitales, durante varias horas. Escobedo identifica a Claudia “N”, notaria pública 192 en Michoacán, y a sus hijos Ignacio, Claudio y Gabriel como personas involucradas. Además, mencionó a tres escoltas: Miguel “N”, Moisés “N” y Héctor, de quien no recordó el apellido.
El abogado relató que trabajó con Mendoza Jiménez durante cinco años como parte del equipo legal, pero tras presentar su renuncia, fue sometido a estos actos de tortura. Escobedo logró comunicarse con su pareja sentimental y excompañeros de trabajo durante su cautiverio, quienes pudieron rastrear su ubicación a través de la geolocalización de su teléfono móvil, ubicado en la residencia del ex titular penitenciario. La intervención de la Fiscalía y la Policía de Morelia, quienes acudieron al domicilio tras su denuncia, fue crucial para su liberación.
Desaparición y búsqueda
El mismo día de la denuncia de Escobedo, se emitió una alerta de búsqueda para él, quien había desaparecido después de haber sido visto por última vez en Morelia. La ficha de búsqueda detallaba características físicas y la vestimenta de la víctima, al tiempo que expresaba la preocupación por su integridad y la posibilidad de que pudiera ser víctima de un delito.
Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni sobre el avance de la investigación, lo que ha suscitado preocupación tanto entre la ciudadanía como en organizaciones de derechos humanos. En las dos ocasiones en que Escobedo ofreció declaraciones en video, se observaba que se encontraba en instalaciones oficiales, pero se desconoce quién fue el responsable de la grabación.
Ante la gravedad de las acusaciones y las circunstancias de su experiencia, Carlos Escobedo solicitó protección sobre su integridad a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Secretaría de Seguridad y a otras autoridades competentes.
Renuncia del coordinador del Sistema Penitenciario
En medio de las acusaciones, Ignacio Mendoza Jiménez, quien había asumido el cargo de Coordinador del Sistema Penitenciario en octubre de 2021, presentó su renuncia el pasado martes. En una breve entrevista, Mendoza aseguró que renunció por decisión propia y se despidió afirmando que se marcha con la "conciencia tranquila".
Nombramiento del nuevo coordinador
El mismo día de la renuncia de Ignacio Mendoza, el secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, tomó protesta a Elías Sánchez Gaona como el nuevo Coordinador de los centros penitenciarios. Sánchez Gaona, licenciado en economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha ocupado varios cargos en el sistema penitenciario, además de haber sido presidente municipal de Turicato entre 2018 y 2021.
La situación actual en el Sistema Penitenciario de Michoacán se encuentra en un estado de incertidumbre tras las graves acusaciones de tortura y privación de libertad. El caso de Carlos Escobedo Suárez ha levantado preocupación tanto en la sociedad civil como en las autoridades competentes, quienes deberán esclarecer los hechos denunciados y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y los derechos de todas las personas involucradas.
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