AMLO firma la Reforma Judicial: aval legislativo y estado de derecho en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó la polémica Reforma Judicial, la cual ya se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma marca un cambio significativo en el sistema judicial del país, ya que prevé la remoción de más de 1,200 ministros, magistrados y jueces, cuyos sucesores serán elegidos por voto popular, tras la correspondiente selección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Apoyo a la Reforma Judicial

El mandatario mexicano dio a conocer que la reforma constitucional recibió el respaldo de dos terceras partes de los legisladores del Congreso federal, con la colaboración de Miguel Ángel Yunes, así como el aval de más de la mitad de las legislaturas estatales. Este apoyo político había sido un prerrequisito para la firma de la reforma por parte del presidente.

La firma de AMLO fue presenciada por Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, horas antes de la celebración del Grito de Independencia, lo que añade un elemento simbólico a la puesta en marcha de esta reforma, que busca renovar la imagen del sistema judicial mexicano.

Suspensión provisional y publicación oficial

A pesar del avance logrado en la aprobación de la reforma, el pasado viernes, un juez federal emitió una suspensión provisional que prohíbe la publicación del decreto que avala la reforma judicial. Esta medida cautelar busca, aparentemente, evitar la entrada en vigor de la reforma antes de su ratificación en instancias judiciales correspondientes.

No obstante, la noche de este domingo 15 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación dio a conocer la publicación oficial de la reforma, la cual, de acuerdo a sus artículos transitorios, entra en vigor un día después de su publicación. Esta publicación oficial marca un hito en la historia reciente de la reforma judicial en el país.

Implicaciones y repercusiones

La implementación de esta Reforma Judicial tiene implicaciones profundas en el funcionamiento del sistema judicial mexicano, ya que, de llevarse a cabo tal como fue propuesta, implicaría un cambio radical en la forma en la que se eligen y desincorporan a los funcionarios encargados de impartir justicia en el país.

El paso mediante el voto popular para la elección de los sucesores de los ministros, magistrados y jueces, así como la intervención de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en este proceso, representa un cambio significativo en la estructura y funcionamiento del sistema judicial mexicano, generando expectativas y debates en diversos sectores de la sociedad.

Esta reforma busca, en principio, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito judicial, procurando acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones relacionadas con la elección de sus representantes en el sistema de justicia. Sin embargo, también ha suscitado críticas y cuestionamientos por parte de diversos actores políticos, jurídicos y sociales, quienes advierten sobre los posibles riesgos y vulnerabilidades que podría traer consigo tal reestructuración del poder judicial.