General Barragán enfrentará nuevo juicio por nexos con Cártel de Sinaloa

Han pasado doce años desde que el General Brigadier Juan Manuel Barragán Espinosa fue encarcelado, y ahora se enfrenta a un nuevo juicio en un Juzgado federal. Barragán está siendo procesado por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, utilizándose las mismas pruebas que en un proceso anterior en el que ya había sido condenado. Esta situación ha generado revuelo y ha llevado a reactivar un caso que había estado en pausa durante más de una década.

El nuevo juicio y las pruebas en su contra

El secretario del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Marco Antonio Escamilla, dictó la formal prisión de Barragán por delitos contra la salud. Se le acusa de colaborar en el fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos, en grado de tentativa, cometido como miembro de las Fuerzas Armadas. Esta reactivación del caso ha causado conmoción en los círculos fiscales y legales, debido a la gravedad de las acusaciones y la naturaleza de las pruebas presentadas.

Hasta este momento procesal existen pruebas que respaldan un auto de formal prisión en contra de Barragán. Dicho auto se fundamenta en el artículo 19 de la Constitución, el cual establece que no es necesario contar con pruebas plenas que demuestren de manera indudable la responsabilidad del indiciado, sino que basta con que los medios de convicción acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del implicado. Este aspecto legal ha suscitado un debate álgido en el ámbito judicial, planteando interrogantes sobre la solidez de las pruebas y la forma en que se concretó el proceso de investigación.

Proceso militar y transición a proceso federal

El proceso en cuestión había tenido su origen en el año 2012 en un Juzgado Militar, donde incluso la justicia castrense llegó a condenar al General a 15 años, 2 meses y 20 días de prisión, por los delitos de abuso de autoridad y delitos contra la salud en la modalidad citada anteriormente. Sin embargo, el 30 de mayo del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado Penal canceló la condena y ordenó al Tribunal Superior Militar dictar una nueva sentencia únicamente por el abuso de autoridad. Asimismo, se dispuso turnar el caso de delitos contra la salud a un juez federal, argumentando que el fuero castrense no era competente para juzgar al General por dicho ilícito.