Ley de Economía Circular en México entra en vigor: empresas y medio ambiente

La publicación de la Ley General de Economía Circular en el Diario Oficial de la Federación (DOF) marca un hito significativo en la transformación del tejido productivo mexicano. Esta nueva normativa, vigente desde el 20 de enero, no solo introduce obligaciones para las empresas fabricantes e importadoras, sino que también abre la puerta a una nueva era de sostenibilidad y competitividad.

Impacto en las Empresas

El principal cambio que la ley trae consigo es la formalización del esquema de “Responsabilidad Extendida del Productor”. Ahora, las empresas deberán hacerse cargo del manejo, aprovechamiento y disposición final de los empaques y residuos derivados de sus productos durante todo su ciclo de vida. Esta medida busca reducir la generación de residuos sólidos, prolongar la vida útil de los productos y reincorporar materiales a los procesos productivos, en línea con los principios de la economía circular.

Registro de Gestión Circular

Una de las obligaciones centrales de la nueva ley es el registro de una “Gestión Circular” ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Este registro deberá incluir metas claras, indicadores verificables y mecanismos específicos para el reciclaje, aprovechamiento o valorización de residuos, con énfasis en empaques y materiales de un solo uso. El cumplimiento de estas metas estará sujeto a reportes periódicos y a esquemas de seguimiento definidos por la autoridad ambiental. En caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentar sanciones.

Transición Gradual hacia Estándares Ambientales

La ley también introduce criterios que afectarán la forma en que las empresas diseñan y colocan sus productos en el mercado. Entre ellos destacan el “diseño circular”, la “reparabilidad”, el uso creciente de “materias primas secundarias” y la “reducción gradual de materiales vírgenes”, siempre que sea técnica y económicamente viable. Esta transición hacia estándares ambientales más exigentes implicará que los fabricantes deberán revisar sus procesos productivos y cadenas de suministro para adaptarse a las nuevas exigencias.

Para facilitar esta transformación, la legislación prevé una transición gradual por sector productivo, lo que permitirá ajustar plazos y metas conforme a las características de cada industria. Esta medida busca evitar un impacto brusco en el tejido empresarial y asegurar una implementación efectiva de la nueva normativa.

El Sistema Nacional de Economía Circular

La nueva ley establece la creación del “Sistema Nacional de Economía Circular”, que coordinará a los tres órdenes de gobierno con el sector privado y social. Esta instancia será responsable de la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de economía circular. Asimismo, se pondrá en marcha una “Plataforma Nacional de Información”, que concentrará registros, indicadores y buenas prácticas de economía circular.

Incentivos y Reconocimientos

Además, la ley abre la puerta al otorgamiento de incentivos y estímulos fiscales, así como al “Distintivo Nacional de Economía Circular”. Este último permitirá identificar a los productos que cumplen con los criterios establecidos y que podrán tener ventajas en procesos como las compras gubernamentales. Para las empresas, esto representa no solo una obligación regulatoria, sino también una oportunidad de diferenciación comercial y fortalecimiento de la competitividad.

En conjunto, la nueva Ley General de Economía Circular obliga al sector manufacturero a dejar atrás el modelo lineal de producir, usar y desechar. Ahora, las empresas deberán asumir un papel más comprometido en la gestión del impacto ambiental y contribuir a la construcción de una economía más sostenible y circular.