EE.UU. eleva a 25 millones de dólares recompensa por Nicolás Maduro y sanciones por narcoterrorismo

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Nicolás Maduro y otros líderes de alto nivel en Venezuela, acusándolos de narcoterrorismo. La administración estadounidense ha aumentado la recompensa por la captura de Maduro de 20 a 25 millones de dólares, lo que en parte es una respuesta al inicio de su nuevo mandato como presidente de Venezuela. Las autoridades estadounidenses también han destinado una suma similar para el ministro de Interior, Diosdado Cabello, resaltando la naturaleza coordinada de las nuevas sanciones impuestas contra el gobierno venezolano.

Las sanciones, que serán implementadas de manera conjunta por Estados Unidos y la Unión Europea, se dirigen a 15 individuos que han sido identificados como responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. A pesar de las medidas coercitivas, ambas potencias han enfatizado que no se busca perjudicar al pueblo o a la economía venezolana, sino señalar a las autoridades que no han tomado las acciones necesarias para poner fin a la crisis en su país.

Las restricciones imponer por el Estrado Unidos y la Unión Europea son una respuesta contundente a las alegaciones de narcoterrorismo formuladas contra Nicolás Maduro y su gabinete. A decir del gobierno de Biden, el presidente venezolano ha utilizado las drogas como una herramienta para su tráfico hacia el territorio estadounidense, poniendo en riesgo la salud de la población. Esta acusación refuerza la postura de las autoridades estadounidenses en su intento por debilitar la influencia de Maduro en la región y disminuir su capacidad para operar en el ámbito internacional.

En este contexto, Estados Unidos y la Unión Europea han señalado que la revocación de las sanciones estará condicionada a la consecución de avances tangibles en materia de derechos humanos, Estado de Derecho y la promoción de un diálogo auténtico que conduzca a una transición democrática en Venezuela. Estas condiciones reflejan la voluntad de la comunidad internacional de apoyar una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana, a través de incentivos dirigidos a aquellos actores que demuestren un compromiso genuino con la mejora de la situación en el país sudamericano.