Estados Unidos endurece la política migratoria

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva para restringir drásticamente las solicitudes de asilo de migrantes indocumentados que crucen la frontera con México. Además, se ha anunciado el cierre temporal de la frontera cuando la cifra de entradas irregulares supere los dos mil 500 casos en un mismo día.

Según las declaraciones del presidente Biden, esta medida es necesaria para asegurar la frontera y entrará en vigor de inmediato, debido a que los cruces de migrantes ilegales ya superan el umbral de los dos mil 500 por día, con estimaciones de hasta cuatro mil cruces diarios.

Reacciones y demandas

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha expresado su intención de impugnar esta orden ante los tribunales, argumentando que la medida "hace eco" de políticas anteriores implementadas durante la administración de Donald Trump.

Los republicanos, liderados por el expresidente Donald Trump, han desestimado la iniciativa de Biden, afirmando que no está diseñada para la seguridad fronteriza. Esta medida se da en el contexto de las elecciones presidenciales, donde el tema migratorio ha cobrado gran relevancia.

Diálogo entre Estados Unidos y México

En una llamada telefónica, los presidentes de Estados Unidos y México acordaron el envío de una delegación de alto nivel a Washington para abordar temas de inversión en el sur mexicano. Aunque no se especificó si la reciente medida migratoria fue parte de la conversación, esta reunión busca fortalecer la relación bilateral en medio de las tensiones generadas por las nuevas políticas migratorias.

Implicaciones de la HCR2060

La iniciativa HCR2060, también conocida como "Acta de Seguridad de la Frontera", busca convertir en un delito estatal el cruce de la frontera de manera irregular, otorgando poder a las autoridades estatales y locales para cuestionar y arrestar a posibles inmigrantes indocumentados.

La Cámara de Representantes de Arizona aprobó la iniciativa de ley HCR2060, que solicita a los votantes convertir en un delito estatal el ingreso de no ciudadanos a través de México en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada. Esta medida generó controversia, con argumentos a favor y en contra sobre su constitucionalidad y posibles consecuencias.