Gobierno de Perú declara estado de emergencia en 14 distritos de Lima

El Gobierno de Perú declaró estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao por 60 días para combatir la inseguridad ciudadana y extorsiones en el transporte.

El Gobierno de Perú ha emitido un decreto que establece la promulgación del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao con el propósito de contrarrestar la creciente inseguridad ciudadana, marcada por un aumento en las extorsiones que afecta al transporte colectivo de la capital. Este anuncio fue realizado por la presidenta Dina Boluarte y formalizado a través de un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

El estado de emergencia, que tendrá una duración de 60 días, afectará los distritos de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador en Lima, así como el distrito de Ventanilla en la provincia constitucional del Callao. Durante este periodo, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las áreas designadas. Adicionalmente, se implementará la restricción o suspensión de diversos derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

Intervención de las Fuerzas del Orden

La intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se llevará a cabo en conformidad con el decreto que regula el uso de la fuerza y el protocolo de actuación conjunta en contextos de detención de mujeres y personas vulnerables. Asimismo, el Ministerio del Interior será responsable de gestionar las medidas necesarias ante el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, así como otros organismos y gobiernos regionales y locales, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas. En este contexto, los empresarios del transporte urbano que se han visto afectados por extorsiones han otorgado un plazo de 30 días al Gobierno de Dina Boluarte para evaluar el impacto del estado de emergencia en la reducción de estos delitos. En caso de no observarse avances significativos, estos empresarios han manifestado su intención de retomar los paros en su actividad, según comunicaron a la prensa local.

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