Gobierno dominicano niega responsabilidad en incautación de avión de Nicolás Maduro
República Dominicana niega responsabilidad en la incautación de avión de Maduro, alegando que el proceso fue judicial y no político.
El Gobierno de la República Dominicana ha negado cualquier responsabilidad directa en la incautación de un avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por orden de las autoridades de Estados Unidos. Según la posición del gobierno dominicano, el proceso se desarrolló en el ámbito de los tribunales, sin intervención de autoridades políticas o de la Fiscalía dominicana.
Las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que el avión, trasladado el lunes a Florida, se había comprado a través de una empresa fantasma en Estados Unidos y fue extraído de contrabando, infringiendo así las sanciones sobre control de exportaciones que se impuso al Gobierno de Maduro.
Esta acusación ha llevado a Caracas a denunciar lo que considera un acto de "piratería" por parte de Estados Unidos y a criticar las supuestas presiones de Washington a otros países "para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales". Sin embargo, el ministro de Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, ha salido al paso de posibles acusaciones, brindando una explicación detallada de los acontecimientos.
La respuesta del Gobierno dominicano
Según el ministro Álvarez, los hechos se remontan a mayo, cuando el Ministerio Público de República Dominicana recibió una solicitud de cooperación jurídica relativa a la aeronave, con vistas a realizar registros relativos a un posible fraude o contrabando. Este procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación criminal iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A Álvarez le sorprendió el anuncio de la incautación del avión, ya que, según su versión, el mismo se encontraba en territorio dominicano por necesidades de mantenimiento, algo que consideró "bastante normal", dada la calidad de los servicios de mantenimiento ofrecidos en el país. Además, el gobierno dominicano aclaró que el avión no estaba a nombre del Gobierno de Venezuela, sino de un particular.
Tras recibir la solicitud de cooperación, un tribunal de República Dominicana autorizó la inmovilización de la nave. Posteriormente, se emitió una nueva orden judicial que permitía la entrega del avión al país requirente, en este caso, a Estados Unidos.
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