La Federación Internacional de Periodistas reporta récord de fallecimientos en 2023

El informe de la FIP revela que el 2023 fue un año devastador para los periodistas, con 129 fallecidos, la mayoría en Gaza.

El informe publicado por la Federación Internacional de Periodistas (FIP), revela datos preocupantes sobre la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación en el año 2023. Según el informe, 129 periodistas perdieron la vida, siendo uno de los años más mortales para el gremio. La mayoría de las muertes se registraron en el contexto de la guerra en Gaza, convirtiéndose en un año sin precedentes en términos de peligro para los periodistas.

Antes del inicio de la guerra en Oriente Medio, se habían registrado 20 muertes de periodistas, una cifra menor en comparación con años anteriores. Sin embargo, tras el mortífero ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, seguido de la represión por parte del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, el número de muertes se disparó, alcanzando niveles sin precedentes.

Impacto en otras regiones

Tras Oriente Medio, la región más peligrosa para los periodistas fue la de Asia-Pacífico, con un total de 12 muertes en países como Pakistán, Filipinas, India, Afganistán, China y Bangladesh. En América, 11 periodistas perdieron la vida, y aunque se registró una reducción en Latinoamérica y el Caribe en comparación con 2022, la FIP destacó que los delitos contra los periodistas persisten.

En el caso de México, a pesar de una reducción significativa en comparación con el año anterior, el país sigue siendo uno de los más peligrosos para los periodistas, con un alto índice de impunidad en ataques mortales, alcanzando el 95% de casos sin resolver, según la FIP.

Contexto global

En África fallecieron 8 periodistas, mientras que en Europa perdieron la vida 4 profesionales, tres de ellos cubriendo la guerra de Ucrania y uno en Albania. Ante esta situación, el secretario general de la FIP hizo un llamado a nivel internacional para la protección de los periodistas, señalando la necesidad de un instrumento legal que obligue a los Estados a garantizar la seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación.

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